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¿Debe aceptar el Tribunal de Cuentas un aval garantizado con dinero público para los condenados por el procés?

'El Cascabel' pregunta a sus espectadores acerca de la legalidad de los avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas para cubrir la fianza de los condenados por el procés

¿Debe aceptar el Tribunal de Cuentas un aval garantizado con dinero público para los condenados por el procés?

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 19:37

El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los ex altos cargos de la Generalitat encausados por promocionar el "procés" en el exterior y ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado.

A su vez, el Govern ha defendido la legalidad de los avales, "jurídicamente impecables", para la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, al que ha instado a "no hacer política" en este asunto. El decreto que aprobó el Govern para crear un fondo para hacer frente a esta fianza contempla que, en caso de no encontrar ningún banco que acepte participar en la operación, sea el ICF quien ofrezca este aval, como finalmente se ha hecho.

Aunque el plazo inicial para liquidar las fianzas expiraba el miércoles de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas acordó conceder un plazo improrrogable de dos días después de que 29 de los 34 encausados presentaran los avales del ICF por vía telemática. Este martes, en una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas señala que tiene dudas sobre la suficiencia y la legalidad de los avales, "esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia administración autonómica perjudicada".

Por ello, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado. El Tribunal de Cuentas también ha informado de que dos de los encausados no han presentado fianza y ha avisado de que, una vez terminado el plazo, emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas personas.

De los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 decidieron acogerse al fondo creado por el Govern -dotado con 10 millones de euros-, mientras que unos pocos rehusaron acudir al ICF y optaron por pagar las sumas requeridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha remarcado que "no hay ningún motivo objetivo" para rechazar los avales del ICF, por lo que ha pedido al Tribunal de Cuentas que "deje de hacer política" y "atienda a criterios estrictamente jurídicos". El Govern defiende estos avales "sin dudas ni fisuras" y confía en que el Tribunal de Cuentas los "aceptará", por lo que de momento no quiere poner sobre la mesa "un plan B", aunque sí "continúa buscando una entidad bancaria" que se haga cargo de la operación.

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