La UCA exige formalmente que el «caso jesuitas» no sea instrumentalizado con fines políticos
La Universidad salvadoreña denuncia que «en diversas autoridades públicas» hay un gran «interés en apartarla del proceso»
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Pronunciamiento oficial de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» de San Salvador (UCA) tras el anuncio de reapertura, el pasado mes de enero, del «caso jesuitas». El centro educativo de los jesuitas señala que la reapertura se produce «en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de derecho y de una sostenida campaña de acoso» contra la institución. Y denuncia que «existe en diversas autoridades públicas un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas de que sea una de las víctimas de la masacre».
La postura respecto al caso ha sido comunicada este 14 de marzo por el actual rector, P. Andreu Oliva SJ. «Todo el entorno alrededor de este caso hace pensar que hay otros intereses aparte de la verdad y la justicia», señaló antes de indicar que la institución «se mantendrá expectante».
La UCA —se recuerda en un comunicado— siempre «ha estado comprometida con la búsqueda de la verdad y la justicia en El Salvador», acompañando y defendiendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ese compromiso le llevó, por ejemplo, a abogar por la derogación de la ley de amnistía decretada en su día por inconstitucional.
Así, y gracias al trabajo del Idhuca (el instituto de derechos humanos del centro), han podido investigarse y documentarse más de 80 casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra (masacres, torturas y desapariciones forzadas) «cuya responsabilidad —se constata— recae en la mayoría de los casos en el Estado salvadoreño». «Setenta de ellos han sido presentados a la Fiscalía General de la República para su investigación y esclarecimiento, sin que a la fecha se haya realizado alguna gestión».
«Parece que la historia se repite»
La Universidad considera que hay indicios que muestran que «diversas autoridades públicas» tienen «un fuerte interés en apartarla del proceso» sembrando dudas de que pueda ser considerada «una de las víctimas».
«Ello se confirma —señala— con el comportamiento de la Fiscalía, que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, siendo estas —tal como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999— los familiares de Elba, Celina y los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús. A lo que se suma que en el requerimiento presentado por la Fiscalía el 25 de febrero de 2022 ante el juez tercero de paz, aquella afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos».
El juez no ha hecho llegar la comunicación al representante de las víctimas hasta el 8 de marzo. «En la resolución de la audiencia inicial —concluye la institución— se advirtió un trato preferente hacia algunos de los procesados con mayor grado dentro de la Fuerza Armada, tal como sucedió en el pasado. Parece que la historia se repite».
Un caso de hace más de tres décadas
La matanza de la UCA tuvo lugar en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Las víctimas fueron los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, y Julia Elba Ramos (la cocinera de la residencia) y su hija Celina, de 16 años.
