Nuevo ataque del Gobierno de Nicaragua a la Iglesia: prohíbe la celebración de los Vía Crucis en Cuaresma
Los obispos norteamericanos han instado al Gobierno de Joe Biden y a sus aliados trabajar por "la restauración de los derechos humanos en Nicaragua"
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El régimen de Daniel Ortega ha prohibido la celebración del tradicional Vía Crucis en todas las parroquias de Nicaragua, lo que constituye un nuevo ataque a la Iglesia Católica y a los fieles. Según ha informado el diario independiente 'El Confidencial', durante la Cuaresma y el Viernes Santo, el ritual se realizará en el interior de las iglesias.
Esta oleada de ataques contra la Iglesia por parte del gobierno sandinista de Ortega ha tenido una nueva repulsa por parte de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, así como la sentencia contra el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, condenado a 26 años.
A través de una nota, el presidente del episcopado norteamericano,Timothy Broglio ha mostrado su apoyo a los fieles de Nicaragua “en esta hora oscura”. En el comunicado, el prelado llama a la “esperanza valiente”, a la “caridad” y a la “solidaridad” para vitalizar la fe del pueblo.
“Me uno a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación a los líderes de Nicaragua, para que a través de un diálogo abierto y sincero, podamos encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”, ha indicado.
Asimismo, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU ha instado al Gobierno de Joe Biden y a sus aliados a que trabajen por la liberación del obispo Rolando Álvarez, así como trabajar por “la restauración de los derechos humanos en Nicaragua”, ha reclamado Timothy Broglio en la nota.
Por otro lado, algunas organizaciones opositoras nicaragüenses han expresado su agradecimiento por la solidaridad de parte de la comunidad internacional hacia los 317 nicaragüenses declarados apátridas por las autoridades del país centroamericano: “Expresamos nuestro agradecimiento por el gesto político y solidario realizado por amigos como España, Argentina, Estados Unidos, Chile y México por haber ofrecido la ciudadanía a más de 317 personas exiliadas y privadas de su nacionalidad por la dictadura Ortega-Murillo”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
