Nuevo ataque del Gobierno de Nicaragua a la Iglesia: ilegaliza un instituto de los Frailes Menores

Los padres de los alumnos que estudian en el instituto católico San Francisco de Asís en Matagalpa han denunciado que el régimen de Ortega ha expropiado el edificio

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El Gobierno de Nicaragua ha ilegalizado la actividad académica delinstituto católico San Francisco de Asís de la ciudad de Matagalpa por presuntamente incumplir la ley, al tiempo que ha expropiado el edificio, tal y como han denunciado los padres de los alumnos que estudian en el centro.

Los padres de familia relataron al medio digital Confidencial que las instalaciones del colegio fueron ocupadas durante la tarde de este martes por autoridades del Ministerio de Educación y de la Policía Nacional.

El Instituto San Francisco de Asís pertenece a la Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos, a la que junto a otras 24 ONG le fue cancelada la personalidad jurídica.

El centro académico fue fundado en 1972 por fray Aquiles Bonucci, de la Orden de Frailes Menores, era administrado por la Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís en Nicaragua.

El Instituto San Francisco de Asís es parte del proyecto educativo provincial Franciscano, que tiene otras escuelas en otros departamentos (provincias) de Nicaragua, de acuerdo con Confidencial, que dirige el periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro.

El régimen de Daniel Ortega ordena expropiar bienes de ONG

La disolución de la Compañía Orden de los Frailes Menores y otras 24 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados este martes en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron 17 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan, y las otras ocho fueron canceladas por disolución voluntaria. Con el cierre de esas 25 ONG, suman más de 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 17 ONG porque no reportaron por períodos de entre uno hasta 27 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus juntas directivas.

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, esa cartera explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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