La CECE expresa su preocupación ante las palabras de Celaá

La ministra ha afirmado que la elección de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución, lo que provocó desconcierto

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La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha manifestado en un comunicado su preocupación por la intención de la ministra de Educación de "recortar la libertad constitucional de elección de centro educativo". Isabel Celaá aseguró el pasado jueves 14 de noviembre que el derecho de los padres a elegir centro no está amparado por la constitución.

Ante estas afirmaciones, la CECE asegura que "es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio". Y recuerda que en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma "que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". 
 
Advierten que no hablan de una libertad absoluta de elección de centro, yq ue no han "pedido una concertada a la carta". Y aseguran que "no pueden cerrar aulas concertadas que tengan igual o más demanda que la media de su entorno, como avalan numerosas sentencias a lo largo de las últimas décadas".

Es evidente que la libertad de enseñanza exige pluralidad de centros

La Confederación Española de Centros de Enseñanza expone sus argumentos: "Las referencias que el Ministerio hace a sentencias del Tribunal Constitucional resultan bastante forzadas y sacadas de contexto, sin reconocer que por ejemplo la reciente Sentencia 31/2018, fundamentada en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, conecta expresamente el carácter propio de los centros educativos con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y ese derecho a su vez con el derecho de las familias a la elección de escuela. Por eso el Tribunal Constitucional reafirma el derecho de los padres a la elección de centro docente como una dimensión específica del derecho a la educación". 
 
"Nos sorprende que la Ministra hable de diálogo y de consenso para, acto seguido, querer imponer unilateralmente un cambio radical en la interpretación que a lo largo de cuarenta años se ha hecho del derecho constitucional de libertad de enseñanza. Es evidente que la libertad de enseñanza exige pluralidad de centros, y para que esa pluralidad sea asequible a quien tiene menos recursos, debe estar sostenida con fondos públicos, y las familias deben poder ejercitar ese derecho a elegir centro en régimen de igualdad de oportunidades".

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