Nanysex, el mayor pederasta de España ya está en la calle, ¿y ahora qué?

Nanysex ya está en la calle. Tras cumplir el máximo de 20 años de la condena que se le impuso, ya es un ciudadano libre. Sin embargo, durante el tiempo que ha estado en tercer grado no ha tenido un comportamiento ejemplar. Según han denunciado varios funcionarios de prisiones, ha seguido consumiendo pornografía infantil en el interior del Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares, en Madrid.

Por eso, las preguntas que nos hacemos ahora es: ¿qué va a pasar con él? ¿Va a estar sometido a algún tipo de vigilancia especial? ¿Va a estar incluido en algún registro al que puedan tener acceso padres y educadores? 

En Estados Unidos existe una ley, la llamada Ley Megan, que alerta de la presencia de delincuentes sexuales. 

 ¿Cómo funciona la Ley Megan?

La ley lleva este nombre en honor a Megan Kanka, una niña de apenas de 7 años que fue violada y asesinada salvajemente por un vecino con antecedentes por agresión sexual en el año 1994. Su caso conmocionó tanto a la sociedad estadounidense que, a partir de ese momento, se creó un registro y un procedimiento de notificación para poder avisar a los habitantes de una comunidad sobre la presencia de un delincuente sexual en la zona que puede poner en riesgo su integridad o la de sus hijos.

La información que se incluye en este registro es el nombre del delincuente, la foto, la dirección, el día de encarcelamiento y la naturaleza del delito cometido. A menudo esta información se publica a través de páginas web gubernamentales, pero también a través de periódicos y otros medios de difusión.

Desde el año 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un paso más y ha autorizado que se publiquen en Internet las fotos de las personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. La Ley Megan también obliga a las personas condenadas por delitos sexuales contra la infancia a informar a las autoridades locales de cualquier cambio de dirección o empleo que realicen tras su puesta en libertad. Una obligación que suele ser fijada por un periodo limitado de tiempo de 10 años en adelante o de forma permanente.

En Europa, el primer país que elaboró un registro de delincuentes sexuales fue Reino Unido. Lo hizo en 1997. Inicialmente, se configuró como un registro no público, es decir, accesible solo por los operadores jurídicos y agentes de la policía. Hay dos excepciones en las que se puede informar a la sociedad.

En primer lugar, cuando se elabora cada año un informe anual sobre el número de delitos sexuales que se han producido en el país, distinguiendo por zonas geográficas, pero sin proporcionar información concreta sobre los sujetos. En segundo lugar, cuando se considera que el delincuente puesto en libertad tiene un gran riesgo de reincidir, por lo que se ve necesario advertir a la población vulnerable. Eso sí, siempre intentando minimizar las consecuencias que puedan traer tanto para el inscrito como para su familia divulgar esta información.

Al igual que ocurre en Estados Unidos, el periodo de tiempo que estos sujetos deben permanecer en el registro puede variar.

El tiempo viene determinado por el delito cometido, por la pena que lleve aparejada y por las condiciones del propio delincuente, si se ve posibilidad de reincidir o no. El periodo puede ser fijo o indefinido. Además, los delincuentes inscritos en este registro, tienen que someterse a una serie de restricciones. Tienen prohibido ejercer profesiones que impliquen contacto con menores y acceder a determinados sitios que estén concurridos por menores.

España: el caso de Mari Luz Cortés

Francia y Canadá también cuentan con registros de delincuentes sexuales que se asemejan más a la línea británica que a la estadounidense, pero ¿qué pasa con España? ¿Existe algo similar?

Existe un registro de delincuentes sexuales que está en funcionamiento desde 2016. Está integrado dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia e incluye datos como la identidad y perfil genético de las personas condenadas por sentencia firme por tres tipos de delitos: contra la libertad sexual, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y los delitos de pornografía, con independencia de la edad de la víctima. Sin embargo, este sistema no es público y solo tienen acceso a él los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial.

Recordamos el caso de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años que fue asesinada por Santiago del Valle en Huelva. Su asesino tenía otra condena de 2004 por abusar de una niña de nueve años, cuya ejecución fue suspendida a condición de que el acusado no cometiera delito alguno en tres años. Además, tenía pendiente otro juicio por el acoso sexual a una menor de 13 años en Gijón en 2006. Está claro que en este caso la Justicia no funcionó, pero, al menos, consiguió endurecer las penas de los delitos sexuales cuando las víctimas son menores en el Código Penal.

En ese momento, se incluyó la posibilidad de que los jueces dictaran una pena accesoria de libertad vigilada de hasta 20 años a todos aquellos delincuentes que muestren mal pronóstico de reinserción una vez cumplidas sus condenas. 

Este tipo de pena puede llevar consigo la obligación de estar siempre localizable, de presentarse periódicamente en el lugar que se establezca o de comunicar inmediatamente cada cambio de lugar o de residencia que realicen. También se puede contemplar la obligación de que lleven una pulsera telemática o su inhabilitación para ejercer determinadas profesiones, como hacen otros países. Algo que, sin embargo, no funcionó tampoco en el caso de Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal. Cuando en 2014 secuestró y violó a cinco menores en Madrid y lo intentó con otras tres, ya había cumplido una condena de siete años por abuso sexual a una niña de seis años en los años noventa.

No funcionó tampoco en el caso de Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal. Cuando en 2014 secuestró y violó a cinco menores en Madrid y lo intentó con otras tres, ya había cumplido una condena de siete años por abuso sexual a una niña de seis años en los años noventa.

En el caso de Nanysex, no sabemos si se han aplicado alguna de estas medidas de control, ni dónde está ni qué es su vida.