Pilar García Muñiz: "Nadie apoya la propuesta de Yolanda Díaz que no ha tenido más remedio que recoger cable"

El dato del IPC definitivo del mes de agosto que hemos conocido hoy nos trae más nubarrones a este día ya de por sí gris en buena parte de España. Un dato que incrementa en una décima el adelantado de hace dos semanas y se sitúa en el 10,5 %. Es ya el tercer mes consecutivo con la inflación por encima de los dos dígitos.

Si miramos el detalle vemos que lo que más subió en agosto es la luz, casi un 16%, y eso que tenemos el tope del gas para la electricidad que se aplica desde junio. Si no esa subida, hubiera sido todavía mayor. Fíjate respecto al año pasado estamos pagando un 60 por ciento más en electricidad y casi un 14 por ciento más por los alimentos en la cesta de la compra.

Y lo que tampoco deja de subir es la inflación subyacente que en agosto llegó al 6,4% su nivel más alto en casi 30 años. Es la que excluye alimentos frescos y la energía, que es lo más volátil, y la que verdaderamente refleja que los precios elevados están enquistados.

En resumen, IPC en el 10,5 % frente a unos salarios que suben de media un 2,6%, seguimos perdiendo poder adquisitivo en un contexto además de subida de tipos de interés en el que endeudarnos nos cuesta cada vez más dinero.

Pues eso que los nubarrones sobre nuestra economía ahí están como el debate abierto por Yolanda Díaz sobre los posibles topes de precios a la cesta de la compra. La vicepresidenta había empezado una cruzada para limitar esos precios, pero de momento el tiro le está saliendo por la culata.

Primero, porque intervenir los precios por decreto sería algo ilegal iría contra lsa normas básicas del libre mercado de la Unión Europea. Por eso está intentado que sean las grandes distribuidoras las que de manera voluntaria bajen sus precios. Pero esto también plantea muchas dudas legales porque puede afectar a las leyes de Competencia, que prohiben pactar precios.

Y segundo, porque esa medida afectaría de lleno al pequeño comerciante porque logicamente los clientes se irían a comprar a las grandes superficies que son las que tendrían que aplicar ese límite en el precio.

Vamos que nadie, ni distribuidores, ni productores, ni comerciantes, ni Competencia apoyan esta propuesta de Yolanda Díaz que tras el fiasco no ha tenido más remedio que recoger cable y ha dicho que realmente no se buscaba una intervención, sino animar a las empresas para que elaboren paquetes de ofertas para los alimentos básicos.

Lo curioso de todo esto es que quien tiene en su mano poder controlar la cesta de la compra es precisamente el Gobierno sería tan sencillo como rebajar el IVA, como ya hizo Alemania en 2020 durante seis meses.

Pero claro, después de conocer que en los 6 primeros meses del año gracias a diferentes impuestos ha recaudado un 45% más que en 2021.. unos 22.000 millones de euros parece difícil que en Moncloa se planteen ahora mismo meter mano a su gallina de los huevos de oro.