Cada año se realizan en España alrededor de 100.000 abortos al amparo de una ley que lo ha convertido prácticamente en un derecho, a la espera de que el Constitucional despierte. Pero la ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, está muy alarmada por las dificultades que, según ella, encuentran las mujeres para abortar. El motivo sería el elevado número de médicos que ejercen su derecho a la objeción de conciencia, un dique que pretende abatir.

Montero quiere blindar por ley “el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”, algo de más que dudosa constitucionalidad, que revela la intención de atacar un derecho esencial en toda sociedad libre y plural, como es la objeción de conciencia, que ya sufre actualmente importantes trabas burocráticas.

La objeción de conciencia no es una anomalía incómoda en la vida democrática, como piensan desde el Gobierno. Es una garantía para que cada persona pueda actuar en conciencia en un contexto en el que conviven diversas visiones éticas, y ofrece una cláusula de seguridad frente al abuso del poder y de la opinión mayoritaria.

Nos encontramos ante una trágica paradoja: mientras se exalta una libertad sin vínculos, sin horizonte y sin norte, se recorta el ejercicio concreto y real de la libertad en la esfera pública, en la ciudad común. Hoy se habla mucho de la crisis de las democracias y de sus causas, pues bien, recortar la protección jurídica de la objeción de conciencia degradará nuestra vida común y nos acercará a los usos propios de los Estados totalitarios.