Cuando se plantea la relación entre la Iglesia y el Estado, como ha sucedido esta semana al hilo de la polémica sobre las inmatriculaciones de bienes eclesiásticos, no se trata de que los gobiernos sean más o menos cercanos a una visión católica, sino de que reconozcan el bien que la Iglesia puede realizar en el plano cultural, educativo, asistencial, y como fuente de sentido y de esperanza. Lo dice en un extenso artículo publicado en el diario El Mundo, el vicesecretario para asuntos económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal.

Y es que se ha montado una considerable tangana a cuenta del minucioso análisis que la Conferencia Episcopal ha realizado sobre el listado de 35.000 bienes eclesiásticos legalmente inscritos en el registro, que el Gobierno tuvo a bien presentarle. Se han descubierto 943 errores o incidencias: 31 bienes no los ha inmatriculado la Iglesia; 28 ni siquiera existen; 276 ya no son suyos, y de 608 no se puede garantizar la titularidad con la información disponible. Así que nada de que se “devuelven” bienes que la Iglesia se habría apropiado indebidamente.

Nuestra sociedad afronta grandísimos retos: el envejecimiento, las rupturas familiares, la violencia hacia los más débiles, el consumo de pornografía, el paro juvenil, el acoso al que piensa distinto o viene de otro país… Y para responder a estas cosas, la Iglesia ofrece mucho cada día, como demuestra la Memoria que se le entregó al presidente del gobierno. Por eso la Constitución establece la cooperación de los poderes públicos con la Iglesia católica y las demás confesiones. Como dice Giménez Barriocanal, es hora de abandonar prejuicios trasnochados y trabajar juntos por el futuro de nuestro país, al que la Iglesia puede seguir aportando mucho. Sin privilegios, y también sin discriminaciones.