Dentro de un mes nos habremos comido ya las uvas. De seis en seis, de diez en diez, lo sabemos en principio mañana. Nos desearemos un feliz 2021 que falta nos hace. Pero tendremos que esperar hasta las campanadas de dentro de dos años, a las de 2023, para empezar en lo económico un año como 2020. Es lo que ha dicho la OCDE, que es uno de los organismos internacionales de más prestigio haciendo previsiones.

España va a ser el país, que después de Argentina, de los que forman parte de la OCDE va a ver más dañada su economía. El PIB va a caer un 11,6 por ciento. ¿Qué supone esta cifra? Esta cifra significa que la recuperación que se empezó a producir en verano no se consolida a final de año, a final de año la economía volverá a decrecer. Por las restricciones de la segunda ola. No habrá recuperación en forma de v ni en 2021 ni en 2022 gradual e incompleta. Las previsiones de la OCDE son más pesimistas que las del Gobierno y por eso Montero, la ministra portavoz rápidamente ha señalado que la OCDE no tiene todos los datos.

Pero el informe de la OCDE sí tiene muy estudiado el plan del recuperación del Gobierno. Y le dice al Gobierno que siga con las ayudas de los ERTES pero que dedique el dinero, sobre todo a mejorar la formación de los trabajadores y hacer reformas. Hay que gastar dinero para mejorar la economía. Los presupuestos que va a sacar el gobierno van en la dirección contraria, aumenta mucho el gasto, el gasto que los economistas llaman corriente. Gasto que no supone cambios. ¿En qué se va a gastar el Gobierno el dinero europeo si no es en modernizar nuestra economía? Pues buena parte del dinero se lo va a gastar en aumentar las pensiones y el sueldo de los funcionarios.

Para hacer las cosas bien, el Gobierno tendría que gastar el dinero en proteger a las empresas y modernizar la economía. Ni buena política económica ni transparencia. ¿Te acuerdas de cuándo el Gobierno decía que tenía un comité de expertos? ¿Te acuerdas cuando dijo que los expertos eran funcionarios? Ahora el Comité de Transparencia exige al Gobierno que diga de una vez quiénes son los expertos.

El Gobierno de Sánchez parece adicto a la no-verdad. Dijo que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque Europa no se lo autorizaba. Se lo había autorizado en abril, dijo que Europa exigía cambiar el delito de sedición cuando Europa no había pedido nada.