La nueva EBAU elimina la prueba de madurez y dará más tiempo para resolver el examen

La educación es uno de esos asuntos en los que nuestros políticos nunca se ponen de acuerdo. Debería ser al revés, porque es una cuestión esencial en toda sociedad, pero la realidad es que las leyes educativas se suceden casi a la misma rapidez que los cambios de gobierno. Pero de lo que queremos hablar es de la nueva ley que regula la EBAU, la selectividad de toda la vida.

Uno de esos momentos de nervios, de incertidumbre y que van a cambiar en los próximos años. Y vamos a hablar del nuevo plan de acceso a la universidad que prepara el gobierno porque esta semana ese plan ha sufrido grandes modificaciones.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha decidido dar marcha atrás en alguno de los aspectos más polémicos de su plan. Un plan que había despertado críticas de profesores de bachillerato, de universidad, de académicos de la Real Academia de la Lengua, de los filósofos, y de las Comunidades Autónomas

¿Qué decía ese plan que ahora ha modificado el Ministerio?

Pues pretendía fusionar en una prueba de madurez académica las asignaturas de Lengua, Lengua Cooficial, Lengua Extranjera, Filosofía e Historia. Esta prueba constaría de un primer ejercicio de 25 preguntas tipo test o de rellenar huecos, y otra con tres preguntas abiertas que el alumno debería responder en no más de 150 palabras. Una especie de test de conducir que inmediatamente despertó las críticas de buena parte de la comunidad educativa. Y que ahora el ministerio modifica para dejar las cosas como estaban, con alguna pequeña modificación. De hecho, seguirán realizándose esos exámenes de Lengua Castellana, Extranjera y Lengua Cooficial. Además, la Filosofía gana peso. Los alumnos, como sucedía hasta hace 10 años, tendrán que elegir entre examinarse de esa asignatura o de Historia.

¿Y en qué cosas sí cambia el nuevo plan de acceso a la universidad?

Los cambios tienen el objetivo de facilitarles las cosas a los estudiantes. Los alumnos dispondrán de más tiempo para realizar los exámenes. Como el objetivo del ministerio es que las pruebas tengan más que ver con la adquisición de competencias que con el aprendizaje memorístico, se ha decidido pasar de de los 90 minutos actuales a 105, es decir 15 minutos más, según el borrador de la nueva norma.

De todos modos, para este año se va a mantener el modelo de EBAU implantado en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Se trata de un formato más flexible que supone ciertas ventajas para los estudiantes.

Otras de las novedades que incluye el texto es que si el estudiante no está de acuerdo con la calificación obtenida por un ejercicio podrá pedir, como hasta ahora, una segunda revisión. Pero es que, si la diferencia entre ambas notas es igual o superior a dos puntos, el tribunal calificador tendrá que hacer una tercera revisión. En cuanto a cómo se calculará la nota de acceso a la universidad, se tendrá en cuenta el 60% de la media obtenida en Bachillerato.

El 40% restante corresponderá a la calificación de los exámenes de acceso a la universidad. Está previsto que este nuevo modelo comience a aplicarse en los exámenes de junio de 2024. Eso sí, será una especie de periodo transitorio hasta que en 2028 lleguen las reformas de calado. Sea como fuere, sí parece que la famosa prueba de madurez del Gobierno dormirá el sueño de los justos.

¿Por qué esa prueba despertó el rechazo de la comunidad educativa?

Porque entendían que reducía la exigencia y la profundidad de los conocimientos. Sobre todo en materias clave como la filosofía, según apunta en COPE José Joaquín Pascual, profesor de bachillerato. El Gobierno también pretendía avanzar en la unificación de criterios entre las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, el nuevo Real Decreto se limita a dejar en mano de regiones y comunidades la posibilidad de alcanzar ese acuerdo. De hecho, esta es otra de las cuestiones que sigue levantando ampollas. Por ejemplo en Madrid, que hace años que se siente perjudicada. O, mejor dicho, que denuncia que sus estudiantes parten en desventaja respecto a los alumnos del resto de comunidades.

Entiende Madrid que debería haber una prueba única. De esa manera se evitaría lo que sucede cada año: que muchos alumnos de Madrid hacen una prueba más difícil y tiene que buscar una universidad fuera de la región mientras alumnos de otras regiones sí pueden estudiar en la capital gracias a exámenes menos complejos. De hecho, casi uno de cada tres jóvenes matriculados en las universidades públicas madrileñas procede de otra comunidad autónoma. Y en universidades como la Complutense, ese porcentaje es aún más elevado. El consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, explicaba esta semana por qué, a su juicio, los estudiantes madrileños están discriminados.

A nivel político, la marcha atrás de la ministra, Pilar Alegría, también ha encontrado reticencias en otras comunidades autónomas. Román Rodríguez, consejero de Educación del Gobierno gallego, cree que el ministerio no tiene las ideas claras y que, con tanto cambio de borrador, el Gobierno solo genera confusión sin conseguir solucionar los dos grandes problemas de la prueba de selectividad: la desigualdad entre regiones y el descenso de los niveles de exigencia. Este viernes, en todo caso, el ministerio ha explicado el nuevo borrador a todas las comunidades en una reunión de la Comisión General de Educación.

En lo que el nuevo borrador del ministerio sí introduce cambios significativos es en que obliga a las comunidades a garantizar que todos los alumnos de Cataluña y Baleares puedan hacer la prueba de selectividad en castellano. Todo después de que diferentes colectivos constitucionalistas hayan denunciado durante años las trabas que se han ido poniendo para garantizar que se pueda hacer el examen en español. Ahora falta ver, claro, si se cumple. Y más matices de este nuevo proyecto: la prueba de acceso podrá ser complementada con otros procedimientos que ayuden a determinar el orden de admisión de los alumnos.

De hecho, las universidades privadas ya tuvieron que modificar los criterios de acceso con el Real Decreto anterior, que ya ponía el énfasis en la adquisición de competencias como clave para poder ser admitido en una universidad. Veremos a ver en qué queda este nuevo borrador que, en todo caso, no entraría en vigor hasta 2024. No parece que en esto tampoco vaya a haber el gran acuerdo nacional que debería buscar toda norma relacionada con algo tan esencial como es la educación.