El bloqueo de la Justicia española llega a un punto crítico: reclamos, huelgas y demoras a todos los niveles

Este domingo, España se enfrenta a una legislatura que termina con una preocupante crisis en el sistema judicial. Uno de los temas más destacados es el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 5 años sin avances. Bruselas ha instado al Gobierno a tomar medidas, ya que el Consejo tendrá su tercer presidente en menos de un año tras el reciente nombramiento del conservador, Vicente Guilarte.

El problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es el único desafío que enfrenta la justicia española.

Otra cuestión pendiente es la reforma que impide hacer nombramientos en funciones, un asunto que también ha llamado la atención del Consejo de Europa. El Gobierno acusa a la oposición de bloquear el Poder Judicial, mientras que el PP insiste en que son los jueces quienes deben elegir a sus propios colegas, como demanda Europa. En medio de esta disputa, los nombramientos pendientes quedan sin resolver.

En el ámbito laboral, los letrados de la administración de justicia han protagonizado una huelga de dos meses en demanda de un ajuste salarial.

Exigen una subida salarial

Tras duras negociaciones, se llegó a un acuerdo de una subida salarial entre 430 y 450 euros, que debería haberse hecho efectiva en la nómina de julio. Sin embargo, el aumento de sueldo no llegó a realizarse, lo que ha llevado a los letrados a denunciar a los ministerios de Justicia y Hacienda.

Además, jueces y fiscales también anunciaron una huelga en mayo exigiendo una subida salarial de 450 euros al mes y la creación de 200 nuevas plazas para mejorar las condiciones de trabajo. Aunque aceptaron las condiciones, existe el temor de que el acuerdo no se respete, dada la situación de los letrados.

El caos en la justicia española no termina ahí, ya que los funcionarios de justicia también se han unido a las huelgas.

Estas protestas han ralentizado aún más los juicios pendientes, y España sigue siendo uno de los países con más demoras en la resolución de procedimientos legales en Europa, con un promedio de 362 días en juicios civiles o mercantiles.

Esta situación afecta a todos los niveles del sistema judicial, desde los ciudadanos que ven retrasados sus casos, hasta los abogados que solo reciben honorarios a medida que avanza el proceso.

La crisis se hace patente en casos como el de Daniel Sánchez, quien no puede cobrar su indemnización debido a la demora en su juicio laboral, lo que podría llevarlo a elevar una queja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En vista de este panorama, el nuevo Gobierno que surja de las elecciones tendrá el desafío de desbloquear la justicia española y abordar los conflictos laborales y las demoras para brindar un servicio más eficiente y justo a los ciudadanos. La urgencia de estas acciones es cada vez más apremiante, ya que miles de procedimientos y millones de euros siguen en espera de una resolución.