La reducción de la jornada laboral le costará a las empresas de este sector español 100 millones de euros al año

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, una de las banderas del Gobierno de coalición, ha encontrado un nuevo frente de oposición: el transporte internacional por carretera. En una entrevista en La Linterna de COPE, Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), advirtió que esta medida podría costar al sector hasta 100 millones de euros anuales en pérdidas de competitividad y sobrecostes operativos.

Sus declaraciones ponen cifras a un malestar compartido por las más de 155.000 empresas de transporte de mercancías por carretera registradas en España, según datos del Ministerio de Transportes a marzo de 2025.

 Un golpe a la competitividad internacional  

Valdivia explicó que el transporte por carretera es el "vector logístico" clave para las exportaciones españolas, que en un 75% dependen de este modo de transporte para llegar a la UE, porcentaje que se eleva al 94% en el caso de los productos hortofrutícolas. "Si un conductor reduce su jornada en 40 o 30 minutos diarios, dejará de recorrer unos 8.000 kilómetros al año", detalla.

Esto, en un sector donde la flexibilidad es esencial por imprevistos como atascos o incidencias, supondría una desventaja frente a competidores como Portugal o Francia, donde las empresas no afrontan esta limitación horaria.

El directivo subrayó que España, como país periférico en Europa, necesita mayor adaptabilidad que naciones centrales como Alemania o Luxemburgo. "No estamos en una isla; nuestro sector es el que une a España con Europa", insistió. Un ejemplo concreto: una flota de 100 camiones podría facturar 1,5 millones de euros menos al año por la merma en kilómetros recorridos.

 El riesgo de la "pérdida de flujo tenso"  

Pilar García de la Granja, especialista en economía de COPE, profundizó en cómo afectaría la medida a la operativa diaria. Valdivia respondió con un concepto técnico: el "flujo tenso", esencial para que las mercancías lleguen en tiempo y forma a destinos europeos. "Si rompemos ese flujo por restricciones horarias, perderemos capacidad de colocar productos en Centroeuropa", afirma. Además, recordó que el sector ya arrastra problemas como la escasez de conductores, la edad media supera los 52 años, y que un tercio de la plantilla podría jubilarse en cinco años sin relevo generacional.

 La parálisis de la negociación colectiva  

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia de que el anuncio gubernamental congeló la negociación del III Acuerdo Marco del transporte, en discusión con los sindicatos. "Los sindicatos dijeron: '¿Para qué negociar si el Gobierno va a imponerlo por decreto?'", relató Valdivia. Este freno, según ASTIC, deja al sector en un limbo que agrava la incertidumbre.

Los datos oficiales refuerzan las advertencias de Valdivia. En el primer trimestre de 2025, el transporte internacional no creció (0,0% en toneladas-kilómetro), mientras que el nacional aumentó un 10,3%. A esto se suman los sobrecostes laborales estimados por la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías), que cifra en un 6% el incremento para las empresas por la reducción de jornada, debido a la necesidad de contratar más conductores y reorganizar rutas.

 Alternativas y críticas al Gobierno  

Frente a la medida, Valdivia abogó por seguir modelos como el francés, donde los conductores tienen exenciones regulatorias para garantizar flexibilidad. También criticó la falta de diálogo del Ministerio de Transportes: "Solo se acuerdan de nosotros en crisis como la pandemia". Esta queja resuena en un sector que mueve 96% de las mercancías internas españolas y cuyas empresas, muchas pymes, ya han sufrido un 1,7% de caída en el primer trimestre de 2025, con 1.064 empresas menos en actividad.

La entrevista en La Linterna dejó claro que el transporte por carretera se une a hostelería, comercio y agricultura (los sectores más afectados por la reforma) en su rechazo a una medida que, pese a su objetivo social, amenaza con estrangular la competitividad de un pilar económico. Con la ley ya en trámite parlamentario y un periodo transitorio hasta diciembre de 2025, las empresas esperan que Bruselas, a la que han escrito solicitando intervención, medie para evitar lo que Valdivia calificó como "un tsunami de costes".