Prohens, en COPE: "O se cuenta toda la verdad a los españoles o Armengol no puede seguir ocupando su cargo"

La actual presidenta del Govern ha expresado su preocupación por un caso de presunta corrupción que ha situado al anterior Govern de las Baleares en el epicentro del caso Koldo

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Escucha la entrevista a Marga Prohens en Herrera en COPE

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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"O se cuenta toda la verdad a los españoles o Armengol no puede seguir ocupando su cargo". Lo ha pedido en 'Herrera en COPE', su sucesora al frente del gobierno balear, la popular Marga Prohens, tras conocer que el anterior ejecutivo liderado por la socialista Armengol habría emitido informes falsos para avalar las mascarillas defectuosas del caso Koldo a sabiendas de que no servían. "Los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté envuelta presuntamente en esta trama sin dar explicación".

La popular reconoce en COPE que “había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y de mentir en cuanto a su idoneidad y nadie está contestando".

La presidenta balear ha negado por otro lado que Francina Armengol le informara sobre las mascarillas defectuosas cuando se produjo el relevo del gobierno y ha señalado que es 'falso' que la expresidenta hubiera "reclamado el dinero de las mascarillas nada más saber que eran fraudulentas", de hecho, afirma, "se tardó más de tres años".

Certificado

“Son 3,7 millones que se abonaron a la presunta trama corrupta y que desde que se reciben, pocos días después, se certificó que no servían para proteger a los sanitarios, y para lo que se había pagado esa cantidad”. Unas mascarillas que "al parecer ya habían sido rechazadas por otra administración”.

Es decir, insiste "aún conociendo que estas mascarillas eran fraudulentas, que eran un fake, el gobierno de Armengol certificó que este pedido había llegado perfectamente y que correspondía al contrato que posteriormente se firma con esta trama”.

Este certificado advierte la popular, es el que sirve precisamente, "según conocemos por informaciones, para que la presunta trama corrupta pueda seguir firmando contratos con administraciones públicas”.

Fondos Feder

Marga porhens añade además que “este certificado de idoneidad se presenta también ante la UE para poder adjudicar fondos Feder para el pago de esos 3,7 millones de euros”.

En este sentido ha advertido de que su gobierno ha tenido que "descertificarlas", ya que se "corría el riesgo de bloqueo y sanciones de la UE".

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Los hechos

Baleares compró en 2020 casi 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, sociedad investigada por el presunto cobro de comisiones ligada a Koldo Garcia, exasesor del exministro José Luis Abalos, pero recibió material de menor calidad que el contratado y exige la devolución de un sobrecoste de 2,6 millones.

El Servicio de Salud balear ha anunciado esta semana una auditoría para investigar una operación, en plena pandemia de covid, que supuso la compra a la empresa ligada a Koldo García, asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, de 1.480.000 mascarilas tipo FFP2.

Una vez suministradas, según informa la Conselleria de Salud, se solicitó al Centro Nacional de Medios de Protección un análisis que determinó que las mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2. El Servicio de Salud retiró esas mascarillas del circuito de distribución y las almacenó como reserva de seguridad.

La Guardia Civil solicitó en julio de 2022 a las autoridades sanitarias baleares una copia del expediente de esa contratación en su investigación de "posibles estafas" en diversas comunidades autónomas, indica el Govern.

El 6 de julio de 2023, la víspera de la toma de posesión de Marga Prohens como nueva presidenta del Govern en sustitución de Francina Armengol, el Servicio de Salud emitió un informe de resolución parcial del contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por defectos en la calidad de las mascarillas.

En concreto, se estableció que cada unidad tenía un sobreprecio de 2,076 euros, lo que en total suponía que la administración autonómica había pagado 2,6 millones de euros de más, un 236 % por encima del coste de mercado real del producto sanitario.

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