La ley Celaá está asfixiando a la escuela concertada a su paso por el Congreso. Una enmienda que se ha aprobado este martes entre el PSOE, Unidas Podemos y Más País establece que las comunidades autónomas "promoverán un incremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros de titularidad pública", dejando de lado los colegios privados sostenidos por fondos públicos.

Por eso, este miércoles ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Santiago García, secretario general de CECE, la Confederación Española de Centros Educativos, que ha dicho que la plataforma 'Más Plurales' está recogiendo firmas, que ya superan las 200 mil, contra la ley Celáa.

Y es que, según ha denunciado, el proyecto del Gobierno constituye un "ataque claro a la enseñanza concertada y a la libertad de enseñanza de las familias. Hay un ataque a muchos aspectos de la educacion", por lo que ha pedido colaboración para frenar "este rodillo".

"Las enmiendas van en contra de nuestras reivindicaciones. Las familias son las perjudicadas". Por esto, "deben defender la libertad de elección". No en vano, el texto confirma la eliminación en el proyecto de ley de la "demanda social", un concepto recogido en la Lomce del PP que permite a los centros concertados sacar más plazas si así lo demandan las familias.

En este sentido, García ha dicho que "llevándolo al extremo", con alguna de las enmiendas las familias no podrán elegir ni el centro público al que llevar a sus hijos. Lo más hipócrita, según ha destacado, es que la propia ministra estudió en uno de estos centros y que muchos dirigentes que apoyan esta ley "llevan a sus hijos a este tipo de colegios".

A día de hoy, el redactado de la ley en la práctica supone la desaparición a largo plazo de este modelo educativo en el que estudia el 25% del alumnado.