Pilar García de la Granja, experta económica: "Un millón de familias están a la espera de si el Supremo obliga a los bancos a devolver las hipotecas ligadas al IRPH"

La experta en economía Pilar García de la Granja ha analizado en el programa 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera, la situación de incertidumbre que viven miles de afectados por las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). En total, un millón de familias están pendientes de una sentencia clave del Tribunal Supremo que podría obligar a la banca a devolver miles de millones de euros.

Escúchalo en podcast

La decisión del Supremo sobre las hipotecas ligadas al IRPH | Economía de bolsillo

Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja

Escuchar

La encrucijada del Tribunal Supremo

El Alto Tribunal se enfrenta a una decisión crucial: mantener su propia jurisprudencia, que en el pasado declaró legales estas hipotecas, o, por el contrario, alinearse con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Como ha explicado García de la Granja, el tribunal europeo "dijo que no lo veía tan claro", abriendo la puerta a que las cláusulas fueran consideradas abusivas por falta de transparencia en su comercialización.

Un impacto millonario para la banca

Si el Supremo falla a favor de los clientes, el impacto para el sector financiero sería enorme. Según ha recordado la experta económica, "los bancos tendrían que devolver a todas aquellas personas que tienen hipoteca referenciadas a ese índice el dinero". Las cifras que se barajan son multimillonarias: mientras que en 2019 los propios bancos hablaban de más de 50.000 millones, algunas entidades financieras cifran ahora el posible impacto total en unos 44.000 millones de euros, sumando devoluciones y costas procesales.

Los bancos tendrían que devolver a las personas que tienen hipoteca referenciadas a ese índice"

Pilar García de la Granja

Experta económica

Tanto el millón de familias, que se consideraron engañadas al firmar sus préstamos, como las propias entidades financieras contienen la respiración. La resolución final del Supremo tendrá un impacto directo y profundo no solo en los hogares afectados, sino también en el balance del sector bancario español.

El IRPH: un índice en el centro de la polémica

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es un indicador que se calcula haciendo una media de los tipos de interés aplicados por las propias entidades financieras en los préstamos hipotecarios. Su método de cálculo y comercialización es clave para entender la batalla legal actual. Ya en mayo de 2025, el TJUE señaló que los consumidores deben estar adecuadamente informados sobre el método de cálculo y su evolución pasada para poder comprender las implicaciones económicas de este índice en comparación con otros como el Euríbor. 

Según la justicia europea, la falta de esta información detallada impide a los clientes entender los costes reales del préstamo, lo que podría provocar que la cláusula sea considerada abusiva según la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La transparencia, por tanto, es el eje sobre el que pivota toda la cuestión judicial que ahora debe resolver el Tribunal Supremo español.

La principal controversia con el IRPH radica en la forma en que fue comercializado por las entidades bancarias. El principal reclamo utilizado era la mayor estabilidad de este índice frente a las fluctuaciones que habitualmente afectan al Euribor. Sin embargo, lo que se omitió en muchos casos es una información esencial para el consumidor: históricamente, el IRPH es un índice que se ha situado por encima del Euribor. Esta característica implicaba, en la práctica, un previsible encarecimiento de la hipoteca sin contraprestación alguna para los clientes afectados. Los firmantes se encontraban así con un préstamo más caro, creyendo que habían contratado un producto más seguro y estable, cuando en realidad estaban pagando de más en comparación con la referencia estándar del mercado. Esta presunta falta de transparencia en la comercialización es lo que ha llevado a un millón de familias a litigar en los tribunales.