Sigue abierta la polémica sobre la responsabilidad del Gobierno en la crisis sanitaria y el sindicato policial JUPOL ha demandado al Gobierno por convocar las manifestaciones del 8M y no proporcionar a los agentes medios adecuados.

El problema es que todo este escándalo no es más que la espuma de un deterioro de las instituciones democráticas que se está produciendo más o menos por lo bajini. Por ejemplo, la sustitución del coronel Diego Pérez de los Cobos en Madrid por el teniente coronel Blanes González, que casualmente era el jefe de la Guardia Civil en Barajas la noche en que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se encontró en Barajas con José Luis Ábalos, revela la limpieza política en la Guardia Civil y la colocación de personas afectas al Gobierno al frente de la Benemérita. Por eso llama tantos la atención que Pedro Sánchez acusase a Pérez de los Cobos de formar parte de una policía patriótica, cosa que ayer intentó desmentir la ministra Montero.

Pero si policía patriótica es lo que intentan construir otros. La maniobra coincide con la burla del ministro Marlaska a la jueza que dirige la investigación del 8M, que es en definitiva un ninguneo del poder judicial. O con la maniobra para incorporar a los independentistas a la tarea de gobierno de la nación, como reveló el acuerdo con Bildu para desmantelar la reforma laboral. O la limitación del trabajo de los medios que han supuesto las ruedas de prensa sesgadas del Ejecutivo o la lluvia de millones a las televisiones para mantenerlas tranquilas.

El último de estos procesos para limitar la separación de poderes se ha producido en la Administración, con el nombramiento de 25 directores generales y cargos similares a dedo. La ley establece que estos puestos han de ser ocupados por funcionarios técnicamente cualificados, que para eso existen, y que sólo en circunstancias excepcionales y por razones que hay que justificar se puede evitar la norma. Todos los gobiernos se lo han saltado alguna vez, pero nunca de esta manera masiva. ¿Cómo es posible que la Dirección General de Derechos de los Animales –que manda narices que haya una dirección así- sea para un técnico en escultura? o ¿que la de Igualdad y Diversidad Racial sea para una auxiliar sanitaria?

La gota que ha colmado el vaso ha sido la creación de la dirección de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Trabajo para dársela al mejor amigo de Pedro Sánchez, el arquitecto Iñaqui Carnicero. Ayer lo defendía también la señora Montero, que menudo papelón.

Sólo que existen suficientes arquitectos del estado en el alto funcionariado. Sólo que resultan más baratos. Sólo que esa área no existía y duplica los gastos del Gobierno. Sólo que Iñaqui Carnicero fue al colegio Santa Cristina con el presidente, estuvo con él en el instituto Ramiro de Maeztu y forma parte de su pandilla más íntima.

Los funcionarios están que fuman en pipa y han denunciado los hechos.