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El particular cortijo catalán

Patricia Rosety
@patriciarosety

Jefa de Tribunales

Tiempo de lectura:3Actualizado16 mar 2023

Fue un golpe de Estado, fue rebelión, hubo violencia, física y con intimidación, querían liquidar la Constitución, Junqueras era el motor y los Jordis los dinamizadores. Todo sonaba con fuerza en la Sala. Incluso cuando, con su tranquilidad habitual, Consuelo Madrigal dijo que la Generalitat actuó como una organización criminal que “utilizó la administración catalana como su particular cortijo”.

Con más claridad no pudieron hablar los fiscales, los cuatro, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Un lenguaje directo y contundente. Desde la rotundidad de Javier Zaragoza a la serenidad y solidez de Consuelo Madrigal, pasando por la forma de repartir juego de Jaime Moreno y el nivel jurídico de Fidel Cadena, a quien le tocó, quizá, el papel más difícil. Una actuación conjunta con reparto de papeles que se puede calificar de brillante.

Ni sorpresas ni cambio de criterio. A lo largo de todo el proceso, el Ministerio Público ha actuado con la misma firmeza e independencia. Tres Fiscales Generales, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra, y siempre en la misma dirección. Dejando a los fiscales trabajar, como debe ser. Ni con el cambio de Gobierno, del PP al PSOE, hubo cambio de criterio en la Fiscalía, aunque sí lo hubo en la Abogacía del Estado, que modificó la rebelión a sedición, algo más suave, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Y por mucho que digan desde el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado que fue una decisión jurídica no se lo cree nadie. En la exposición de las conclusiones, la abogada del Estado se mostraba nerviosa y titubeante frente a la seguridad y firmeza de los cuatro fiscales. No era fácil explicarlo a las cuatro de la tarde, con el descanso para comer, y tras una intervención fiscal estelar. Rosa María Seoane no lo tenía nada fácil.

Siendo Javier Zaragoza el primero en intervenir era de imaginar que iba a dar el titular de las conclusiones: “Lo que pasó en Cataluña fue un golpe de Estado”. Sacó la artillería dialéctica. Directo y contundente. Durante casi todo el tiempo miraba al tribunal, se dirigía al tribunal. Pero al finalizar, miró a los acusados y les pidió, les exigió, que “respetasen las leyes, la convivencia y los derechos de los demás”, que “no impusieran sus proyectos políticos por vías ilegales”.

Jaime Moreno, de quien dicen que sabe trabajar en equipo, siguió la estela de Zaragoza. Habló de la existencia de violencia, necesaria para el delito de rebelión. Más de mil heridos. “Los acusados se sirvieron de la violencia como herramienta, eran conscientes de que iba a haber enfrentamientos”. No hacen falta armas para la rebelión, dijo.

Fidel Cadena en una intervención muy técnica, y brillante, explicaba el delito de rebelión, los aspectos técnicos, y por qué no podía ser sedición. Se basó en el Tribunal Supremo. Dijo que “la Constitución fue humillada”. Y la violencia dio lugar al mensaje del Rey el 3 de octubre de 2017, tuvo que hacer un llamamiento al Govern para que respetara el orden constitucional, no la paz pública ni el orden público. Y al igual que Moreno señaló que era una “rebelión distinta porque el poder público ya se ostenta “. Todos recordaron la reunión de la cúpula de los Mossos d'Esquadra con Puigdemont en la que le advirtieron del peligro de violencia si mantenía el referéndum ilegal. Y se refirió a la utilización de los Mossos de cara al 1-O, “un cuerpo armado al servicio de la rebelión”.

Consuelo Madrigal se centró en el delito de malversación. Un desvío de fondos de unos tres millones de euros repartidos entre campañas, cartelería, tarjetas del censo y contratación de observadores internacionales. Un uso ilegítimo que perjudicó a la Hacienda catalana y española, “un execrable ataque al Estado de Derecho”. Habló de una “Arcadia administrativa” y con ironía dijo que “Jordi Turull batió el récord de velocidad al conseguir la financiación para la campaña publicitaria en tan sólo tres días”. Y añadió que Puigdemont y su Govern actuaron como “una organización criminal que hizo de la administración catalana su particular cortijo”. Un particular cortijo que ha servido para todo esto. Presuntamente.

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