La vuelta de tuerca al camino iniciado hace ahora 14 años por José Luis Rodríguez Zapatero desemboca este 20 de julio en el proyecto de ley de Memoria Democrática. El “tesoro” de Carmen Calvo, así lo definió ella misma en su despedida del Gobierno, reconvierte el Valle de los Caídos, abre la puerta a la salida de la comunidad benedictina, anula condenas y sanciones del franquismo, prevé las exhumaciones por cuenta del Estado o incorpora contenidos en los planes educativos, además de aspirar a la disolución de la Fundación Francisco Franco.

Conversión del Valle de los Caídos

Con los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos, el proyecto de ley prevé convertir el enclave en un cementerio civil, sin que, con la mirada puesta en José Antonio Primo de Rivera, ninguno de los enterrados de ambos bandos ocupe un lugar preeminente en el recinto. El desarrollo normativo de la norma permitirá la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos abriendo la puerta así la salida de la congregación benedictina que hasta ahora gestiona la abadía y que, a través del desarrollo normativo mediante un real decreto, pasará definitivamente a manos de Patrimonio Nacional. La pretensión oficial es dar a conocer el Valle de los Caídos como “lugar de memoria democrática”.

La Fundación Franco, en el punto de mira

El empeño de disolver la Fundación Francisco Franco permanece intacto, aunque para ello el Ejecutivo ha buscado una nueva vía, basada precisamente en el informe preceptivo pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial que alertó contra una vulneración de principios democráticos esenciales. En ese punto, el órgano de gobierno de los jueces advirtió contra las causas de extinción de fundaciones, dado que “la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión”.

Dicha recomendación, entre otras, ha sido asumida por el Gabinete. Así, considera contrario al interés general la apología del franquismo con “menosprecio” y “humillación” a las víctimas del régimen. En su articulado, el proyecto declara nulo de pleno derecho cualquier condena o sanción – el texto anterior hablaba de juicios - a quienes padecieron represión del franquismo desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978. En paralelo, quedan comprometidos el impulso de las exhumaciones y un censo oficial de víctimas, la habilitación de un banco de ADN, la dedicación de un fiscal de Sala del Supremo a proteger los derechos de víctimas e investigar crímenes franquistas o la creación de organismos para favorecer la Memoria, además de incorporar un régimen sancionador entre 200 y 150.000 euros para quienes incumplan la ley.

Quedan fijados dos días oficiales para rendir homenaje por ley. El 31 de octubre para recordar a todas las víctimas y el 8 de mayo a los exiliados.

La Memoria en los colegios

La ley contempla incorporar los contenidos de Memoria Democrática en la educación. Ello conllevará un cambio en los planes curriculares para ESO y Bachillerato, también en la Formación Profesional, y en la preparación de los profesores.