El Gobierno de España tiene en ERC uno de sus socios prioritarios para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2022. Para asegurarse el 'sí' de los republicanos, el Ejecutivo ha propuesto destinar 1.300 millones de euros en un solo año para renovar las red ferroviarias de Cercanías del territorio catalán.

Los Presupuestos son una necesidad prioritaria para el Gobierno y los partidos independentistas, que tienen la llave para su aprobación, han aprovechado para obtener grandes beneficios. El borrador revela que son los que más gasto público suponen de toda la historia y los 13 votos de ERC ponen al partido republicano en posición de exigir concesiones que el Gobierno tendrá que acceder para cumplir su objetivo.

Además de la inversión de 1.300 millones de euros, los independentistas catalanes también pretenden obtener el traspaso de Rodalies, que a juicio de la Generalitat no se realizó de forma completa.

Pero estas concesiones ferroviarias no son las únicas concesiones que pretende conseguir ERC para que salgan adelante los Presupuestos Generales de 2022. En las previsiones de inversión para cada comunidad autónoma, el Gobierno ha continuado con su línea de trabajo premiando el independentismo catalán para obtener su apoyo y castigando a la Comunidad de Madrid.

En total, Cataluña obtendrá 2.430,74 millones de euros, mientras que la Comunidad de Madrid recibirá 1.151,46 millones de euros, menos de la mitad la Generalitat. Pese al aumento de gasto, la institución presidida por Isabel Díaz Ayuso ha visto reducida su inversión respecto a los Presupuestos de 2021. A pesar de los numerosos beneficios que recibe Cataluña, ERC todavía no se ha pronunciado sobre su posición a los Presupuestos de 2022.

Esta no ha sido la única inversión faraónica que el Gobierno ha intentado hacer en Cataluña para contentar a sus socios. Este año pretendieron realizar una ampliación del Aeropuerto del Prat por valor de 1.700 millones. Sin embargo, la Generalitat terminó por cancelar el proyecto debido a que una de las pistas que AENA pretendía ampliar afectaba a un espacio ambiental.

La mesa de diálogo entre el Gobierno y Cataluña ha sido un constante problema para el Ejecutivo, pero una mina para Cataluña. El Gobierno de coalición se sostiene, en parte, por el apoyo de un socio que exige medidas y concesiones para independizarse de España. Por tanto, se produce una relación de amor-odio entre Moncloa y la Generalitat. Pedro Sánchez complace a los separatistas para contar con su apoyo, pero a su vez no puede permitir los planes de independencia de los catalanes. Por otro, la Generalitat consiguen grandes concesiones del Gobierno de coalición, aunque no consiguen su principal objetivo, que es salir de España.

Algunas de estas concesiones que ha conseguido Cataluña en las reuniones con el Gobierno de España ha sido el indulto de los condenados por el 'procés'. Los detenidos por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 fueron liberados de prisión para contentar a los partidos independentistas catalanes, pese a que los condenados no se arrepintieron en ningún momento por su conducta. De hecho, Oriol Junqueras y los otros ocho liberados aseguraron que continuarán con la lucha independentista.

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Otro de los beneficios que obtuvieron los independentistas fue la incorporación de la Ley de Educación de Celaá, que causó gran controversia por eliminar el castellano como "lengua oficial del Estado" o "lengua vehicular", por lo que las comunidades pueden elegir qué lengua prima en su territorio. Esto reforzó aún más el independentismo en las aulas, que ya contaba con grandes movimientos estudiantiles. En este aspecto, el último episodio de acoso por defender el castellano en Cataluña se dio el pasado 6 de octubre con el ataque de radical a la plataforma S'ha Acabat, que defendía el derecho a utilizar el español en la Universidad Autónoma de Barcelona.