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Tiempo de lectura: 5'Actualizado 23:04

Cataluña, a pesar de la pandemia, ha sido protagonista por el proyecto rupturista de las fuerzas independentistas. El año comenzaba con la investidura de Pedro Sánchez gracias al apoyo del independentismo catalán. Este acuerdo derivó en el compromiso del Ejecutivo de coalición para crear una mesa de negociación respecto al desafío independentista. Al final, solo se llegó a producir un encuentro entre Moncloa y la Generalitat de Cataluña por culpa de la pandemia, pero los intereses del independentismo catalán siguen vigentes y sus exigencias ocupan gran parte de la actualidad política de nuestro país. A continuación repasamos las principales claves relacionadas con Cataluña a través de las líneas editoriales de COPE.

Fractura en el independentismo catalán

La Mesa del Parlamento de Cataluña ha avalado que Quim Torra deje de ser diputado. Aunque continuará como presidente de la Generalitat, el presidente de la cámara, Roger Torrent, le ha retirado el acta de diputado y lo sustituirá por otro de JxCat, tal como había ordenado la Junta Electoral. Desde ERC se hacen ahora equilibrios para justificar que no se entre en una dinámica de desobediencias estériles. Pero la realidad es que el mundo independentista está profundamente dividido porque los intereses de JxCat, que no ha disimulado su enfado, y los de ERC, marcados por su alianza con Sánchez, son contrapuestos.

Torra no ha dudado en chantajear públicamente y en amenazar con que la legislatura y el Govern estaban en riesgo si finalmente perdía su condición de diputado. Instalados en la inestabilidad y el conflicto permanentes, a nadie puede extrañar que las alianzas que los independentistas sostienen entre sí acaben saltando por los aires y la situación desemboque en unas nuevas elecciones. En cualquier caso, la crisis del Gobierno catalán está servida.

Habrá que ver también cómo se comporta el Gobierno de España. Sánchez ha reconocido a Torra como interlocutor y tiene pensado reunirse pronto con él, pero la situación es cada vez más insostenible. El drama consiste en que Sánchez haya cimentado la estabilidad de su Gobierno sobre el apoyo de semejantes socios, y con promesas de imposible cumplimiento.

El acuerdo de Sánchez con ERC

Pedro Sánchez será presidente del Gobierno gracias a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, el partido que instigó y dirigió el golpe más grave contra la legalidad democrática en España desde el 23-F. El Consejo Nacional de ERC ha dado el visto bueno a un acuerdo que reconoce la existencia de un conflicto político y apuesta por la vía de la negociación, sin líneas rojas, para resolverlo. Esto significa que se pone entre paréntesis el respeto a la ley y a la Constitución en Cataluña como garantía de la convivencia social.

Además, el acuerdo entre el PSOE de Sánchez y el partido independentista habla de una «mesa bilateral del diálogo» entre España y Cataluña en la que se hablará del futuro de Cataluña, aceptando una relación entre iguales. Una mesa fuera del Parlamento, sin líneas rojas y sin mención al marco común en el que debe tomarse cualquier acuerdo que afecte a la soberanía nacional, la Constitución española de 1978.

Más aún, se plantea una «consulta a la ciudadanía en Cataluña de acuerdo con los mecanismos jurídicos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». Una fórmula líquida que podría dar cobertura a un futuro referéndum de autodeterminación, a todas luces contrario a la legalidad constitucional. Con el Gobierno de Sánchez e Iglesias existe el riesgo de un desmontaje por piezas de la Constitución que nos dimos todos los españoles, y que ha sido garantía de nuestro progreso y libertad.

Trampas con el "tercer grado"

La Generalitat de Cataluña ha ratificado el tercer grado para los políticos procesados por el golpe separatista de 2017. Esta decisión confirma la voluntad del Gobierno de Quim Torra de hacer que la sentencia del Tribunal Supremo sea papel mojado, y así convertirse en el poder capaz de liberar a unos condenados que, según el relato independentista, sufren prisión injustamente.

Por la vía de los hechos, la Generalitat acaba de cometer un fraude de ley, dado que el régimen de semilibertad les ha sido concedido por razones políticas y no por ninguna de las referidas en la legislación para estos casos. Es importante destacar que ni Oriol Junqueras ni el resto de los condenados se han arrepentido de lo que hicieron, todo lo contrario; además, no han cumplido ni siquiera la mitad de las condenas, no tienen problemas graves de salud y no se dan graves razones humanitarias.

Sorprende una vez más el juego del presidente del Gobierno, según el cual no hay nada que objetar a la decisión del Gobierno catalán, dado que es un proceso «tasado y reglado en nuestra legislación penitenciaria». Pedro Sánchez es muy consciente de que las razones del tercer grado son políticas y están relacionadas, además, con la inminente campaña electoral catalana. Y es que esta decisión favorece la estrategia de Sánchez de mantener contentos a quienes han hecho posible que llegue a La Moncloa, con una actitud complaciente hacia quienes saben utilizar perfectamente la estrategia del chantaje.

Indulto a los presos del Procés

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso para anunciar que su departamento iniciará la próxima semana la tramitación de los indultos a los presos del Procés. Es cierto que el inicio de este recorrido es un paso obligado para conocer la posibilidad real de conceder un indulto solicitado. Pero la forma y el lugar de este anuncio siembran la sospecha de que Pedro Sánchez, que necesita el voto de los independentistas para mantenerse en el Gobierno y aprobar los Presupuestos, esté cumpliendo la parte de su trato. Los políticos presos no se han arrepentido de sus actos, y ya se han beneficiado de una política de privilegios penitenciarios, alcanzando un inusitado tercer grado.

Además, este anuncio se produce cuando está abierta la modificación en el Código Penal de los delitos de rebelión y sedición, tal como los independentistas exigen desde hace tiempo. Pedro Sánchez ha proclamado en varias ocasiones que descartaba el indulto y que garantizaba el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por el Procés, pero ya estamos acostumbrados a la banalidad de sus compromisos públicos. El presidente parece no tener escrúpulos en claudicar ante unos políticos que quieren romper con la Constitución y los consensos básicos de la Transición. No tardaremos mucho en ver la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat, y entonces ¿cuál será el plan de Sánchez?

El mismo guion estéril

Un día, quizás no muy lejano, los ciudadanos que viven en Cataluña podrán celebrar la Diada unidos, con el mismo entusiasmo con el que otros ciudadanos españoles celebran el Día de su Comunidad Autónoma. De momento el 11 de septiembre sigue siendo una celebración de una parte de los catalanes, utilizada contra la otra.

Este año anómalo e incierto el independentismo no ha cambiado su guion, aunque haya variado la escenografía. No hubo concentraciones masivas ni actos multitudinarios con finalidad efectista. Pero la temática ha sido la misma. Torra homenajeó al fugado Puigdemont, mientras que Marta Rovira, huida en Suiza, llamaba a responder a una posible inhabilitación del president. En realidad, Rovira y ERC están esperando su oportunidad, aunque esté feo decirlo en público. Artur Mas, que lo sabe bien, entona un canto a favor de la unidad, mientras los que en otro tiempo fueron sus socios de Gobierno, Arran y la CUP, o lo que queda de ellos, se lanzaron a calentar las calles y las vías del AVE.

Unos y otros necesitan a los presos del 1-O para avivar el rescoldo del independentismo. De este modo consiguen movilizar a la ciudadanía que por un día simuló olvidarse de la pandemia, de las tasas de desempleo, de las PCR y del estrés hospitalario. Con un poco de suerte, en 2021 podrán volver a las calles. Y si no lo remedian unas más que necesarias elecciones, podrán mantener el mismo guion sin mucho esfuerzo.

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