El reciente nombramiento de Teresa Ribera como ministra para la Transición Ecológica alerta sobre la toma de decisiones de su marido, el abogado Mariano Bacigalupo, que es consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde el 9 de junio del año pasado a propuesta del PSOE.

Aunque la Ley 3/2013, reguladora del funcionamiento de la CNMC, que defiende el buen funcionamiento de todos los mercados -incluido el energético-, y la Ley 3/2015, que regla el ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, no contemplan ninguna incompatibilidad por razón de matrimonio para ser consejero, lo cierto es que la posición de Bacigalupo puede desembocar en un conflicto de intereses con las energéticas debido a la política que defiende Ribera, la cual pasa por cerrar las centrales nucleares, abandonar el carbón y potenciar las energías renovables.

No en vano, entre las funciones del letrado, que es hijo de Enrique Bacigalupo, el abogado de Messi y ex magistrado que alcanzó notoriedad en España a raíz de la instrucción del Caso Filesa sobre la corrupción del PSOE, están las de supervisar el funcionamiento y grado de competencia del mercado. Una tarea que debe ejercer con total independencia respecto de intereses públicos o privados. Precisamente, esta independencia conlleva la prohibición de aceptar o solicitar instrucciones del Gobierno, de las Administraciones Públicas o de los operadores del mercado. La razón es que el interés general prevalezca sobre el particular, lo que en su caso implica la prohibición de aceptar privilegios o tratos de favor al tiempo de pronunciarse sobre los informes del Ministerio que gestiona su mujer.

Precisamente, uno de los primeros escollos a los que se enfrenta Teresa Ribera estriba en resolver el conflicto entre la CNMC y el Ministerio sobre las competencias para fijar las tarifas del peaje eléctrico, que actualmente tiene arrogadas Industria. Por el momento, la Comisión Europea se prepara para llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión si el Gobierno no cede al organismo regulatorio los meritados peajes.