Un juzgado civil del Tribunal de Cagliari, encargado del proceso sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri, ha retomado hoy la periciales que había fijado con la comparecencia de la madre, vecina de Maracena (Granada), que se ha desplazado a Italia, han informado a Efe fuentes judiciales.

El órgano de la isla de Cerdeña nombró a una perito judicial para hacer un informe que evaluara la situación de los dos menores, de 3 y 11 años, y continúa de esta forma el cronograma de comparecencias fijado, iniciado a finales del pasado febrero y que prevé concluir el próximo 14 de mayo.

Las comparecencias judiciales incluyen encuentros individuales con el padre, Francesco Arcuri, la madre, Juana Rivas, los propios menores, y otros entre los dos progenitores y de estos con sus hijos.

El objetivo de estas citas es evaluar la capacidad parental de los padres y poder establecer un régimen de guardia y custodia adecuado, según han detallado a Efe fuentes judiciales.

Por otra parte, las fuentes han informado de que ya se ha iniciado en Italia la tramitación de la denuncia por malos tratos que Juana Rivas presentó contra su expareja en los tribunales de España, a la espera de que puedan producirse citaciones judiciales, y de que se ha archivado el procedimiento que se abrió contra ella por difamación.

El procedimiento civil que se sigue en Italia por la custodia de los hijos de Rivas y Arcuri es independiente de la causa penal abierta en España y que, el próximo 14 de junio, sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 1 de Granada a la vecina de Maracena.

Rivas se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores al haber permanecido un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre.

Ella ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y judiciales que intentó actuar para proteger a sus dos hijos frente a Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que Juana denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia que ya ha llegado a la justicia italiana.