Sociedad Civil Catalana (SCC) pide al Tribunal de Cuentas que condene al expresidente catalán Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau a devolver solidariamente los 5 millones que el Govern destinó a la consulta del 9N, como responsables directos contables del desvío.

En un escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas, SCC, que presentó el año pasado la demanda que dio pie al proceso por los gastos del 9N, reclama que se ratifiquen los embargos que se fijaron a Mas y los exconsellers, a la espera de que se dicte sentencia por el uso de fondos públicos en la consulta.

En este procedimiento, el pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas ordenó el embargo preventivo de la vivienda de Mas y de los exconsellers, así como del ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana, para cubrir una fianza de 5,2 millones de euros destinados supuestamente al 9N.

SCC y la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución, que impulsaron la demanda ante el Tribunal de Cuentas, sitúa como responsables directos y solidarios de los gastos del 9N a Mas, Ortega, Homs y Rigau y pide que se les condene a devolver las sumas imputables a cada uno de ellos, así como a pagar las costas del juicio.

Por el contrario, SCC no exige responsabilidades contables a los otros siete excargos de los departamentos de Presidencia y Gobernación que fueron citados a declarar por el Tribunal de Cuentas, entre ellos Vilajoana.

Concretamente, SCC reclama a Mas y a la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega que devuelvan los 841.906 destinados al pago de las urnas de cartón y su traslado a los centros de votación, así como de las aplicaciones y servicios informáticos, del registro de la página web de la consulta y de la contratación de una póliza de seguros para cubrir a los voluntarios.

Asimismo, pide que Mas y Homs, exconseller de Presidencia, paguen 1,3 millones de euros por el coste de las cartas enviadas sobre la consulta, el diseño y reparto de la misma, la contratación del centro de prensa donde se difundieron los resultados y la campaña publicitaria de la votación.

De los 2,7 millones de euros que la Generalitat invirtió en comprar 7.000 ordenadores portátiles que se utilizaron en la votación en las escuelas que acogieron urnas, Sociedad Civil hace responsables Mas y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.

Los denunciantes exigen al Tribunal que condene a Mas, al entender que "de él procede la resolución administrativa principal -la convocatoria- que desplegó los efectos jurídicos -en cascada y abanico- que pusieron en marcha, como primer eslabón de la cadena del gasto, el uso irregular de fondos públicos".

Respecto a Ortega, SCC la considera "tronco nuclear de la coordinación de actividades preparatorias de la consulta", porque era la responsable de "los entes administrativos y la mayor parte de los procedimientos administrativos de contratación" y ordenó encargar "bienes y servicios que resultaron esenciales para la celebración del 9N".

Para SCC, también Rigau "puso el espacio competencial que le correspondía al servicio del 9N" y compró a una UTE encabezada por Telefónica los 7.000 ordenadores que fueron instalados y utilizados en los puntos de votación.

A Homs, SCC le responsabiliza de haber dado instrucciones a altos funcionarios de su departamento para "impulsar la adquisición contractual de bienes y servicios que resultaron esenciales para la celebración del 9N", principalmente para llevar a cabo la campaña informativa para promover la consulta.