Las administraciones públicas comienzan 2013 con una importante  deuda con las empresas malagueñas: a día de hoy, deben unos 250 millones de euros por facturas atrasadas a sus proveedores. Aunque parte de esta millonaria deuda se ha generado a lo largo de 2012, otra parte viene heredada incluso desde antes. Según la Confederación de Empresarios de Málaga, actualmente las administraciones tardan entre ocho y diez meses en pagar a sus proveedores por sus bienes y servicios, aunque en muchos casos el plazo se alarga más de un año. Según la CEM, dos de cada tres empresas malagueñas que cierran, lo hacen abocadas por los impagos por parte de las administraciones públicas, tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía. El pasado año, el Gobierno central puso en marcha un Plan de Pago a Proveedores. El 1 de junio de 2012, las compañías de la provincia comenzaron a cobrar facturas atrasadas desde 2011 por valor de más de 300 millones de euros y esa era solo la deuda de los ayuntamientos.Esta inyección de liquidez ha llegado a resultar solo un espejismo porque a lo largo del pasado ejercicio, la deuda ha vuelto a aumentar. Natalia Sánchez,  secretaria general de la CEM, explica que las empresas "llevan ya viviendo cinco años de crisis, readaptando sus estructuras, sus fórmulas de trabajo, buscando nuevos mercados, haciendo esfuerzos importantes, con unas dificultades de acceso al crédito que también hace más complicado poder salir de esta situación, y que a eso se sume que haya impagos de facturas, todavía complica mucho más la situación".La CEM confía en que la futura Ley de Morosidad que planea el Gobierno acorte los plazos de pago a los proveedores, ya que se fijará un máximo legal de 30 días.