La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, compareció hoy en la Asamblea Regional para dar inicio a la tramitación parlamentaria de la futura Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Un proyecto que, explicó, “está englobado en las leyes de tercera generación, que ubicará a la Región a la vanguardia respecto al resto de comunidades, al establecer un catálogo de derechos sociales que se configuran como derechos subjetivos de los ciudadanos y que, en consecuencia, pueden ser reclamados ante los tribunales”.

Se trata de unificar un catálogo de prestaciones y servicios garantizados como derecho subjetivo en los 45 municipios de la Región. Así, se recogen prestaciones como la renta básica de inserción; las ayudas a víctimas de violencia de género, a la atención temprana y a los servicios de autonomía y atención a la dependencia, entre otros.

Además, la nueva ley abarcará la digitalización de los servicios sociales, para favorecer la continuidad asistencial de los servicios públicos que se prestan, con la puesta en marcha de la Tarjeta Social y la Historia Social Única, que incluirá toda la información relevante y la evolución de los servicios que se prestan a los usuarios.

La consejera destacó “el importante papel que juegan las corporaciones locales a la hora de acercar los servicios sociales a los ciudadanos, por lo que se garantiza la adecuada coordinación entre la Administración regional y las entidades locales mediante la creación de un Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales”.

También incluirá la figura del profesional de referencia, que se encargará de atender de forma individualizada todas las demandas sociales de prestaciones, ya sean económicas, sociales o sanitarias.

Una ley de todos y para todos

Franco manifestó que la futura norma “configura los servicios sociales como el cuarto pilar del estado de bienestar, junto con la educación, la salud y las pensiones”. Al respecto, la describió como “una ley para todos, puesto que nadie está exento de poder necesitar los servicios sociales, y de todos, porque hablamos de un proyecto que ha sido redactado y consensuado por distintos agentes sociales, como profesionales, diputados, consejos asesores, Federación de Municipios de la Región y el Foro Regional para la Inmigración, entre otros”.

En este sentido, la consejera instó a todos los grupos parlamentarios “al diálogo y la puesta en común de ideas para llegar al mayor de los consensos en un momento de crisis sanitaria que hace que esta ley sea más necesaria que nunca. Una crisis que, según un reciente informe del Banco Mundial, puede generar más de 100 millones de pobres en el mundo”.