Una patada en el culo. Eso es lo que según el gobierno autonómico le ha dado el ejecutivo de Pedro Sánchez a la región de Murcia. El consejero  de Hacienda se ha referido así al anuncio del gobierno central de retener parte de la financiacion a Murcia por haber incumplido el período de pago a proveedores.

El ejecutivo de López Miras ha calificado esta decisión como un castigo desmesurado por haber incumplido durante dos meses el período máximo de pago a proveedores  fijado en 60 días. Ese dinero, aún por determinar, va a ser retenido por el gobierno central, algo que calificaba así el consejero Javier Celdrán.

El Gobierno de España retendrá parte del dinero que debe de entregar a la Comunidad de Murcia en virtud del sistema de financiación autonómica como "castigo" por haber incumplido durante dos meses seguidos el objetivo medio marcado de periodo medio de pago a proveedores, fijado en 60 días.

En concreto, el Gobierno central retendrá parte del dinero de las entregas a cuenta que corresponden a la Región, según ha hecho saber el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, quien ha criticado este "injusto castigo" por un montante todavía por especificar y que la Comunidad tendrá que negociar ahora con el Gobierno de España.

En concreto, el Gobierno regional deberá comunicar al Ministerio cuál es la deuda comercial que tiene en este momento la Comunidad y, en base a ello, el Estado calculará el dinero que retendrá para pagar de forma prioritaria a los proveedores. "En vez de que la Comunidad pague a los proveedores, ahora el Gobierno central hará el pago directamente", ha manifestado Celdrán.

En este sentido, el consejero ha explicado que la deuda comercial (las facturas que la Comunidad debe a los proveedores) se elevaba a 200 millones de euros a finales del año 2019, aunque este montante varía de un mes a otro.

Celdrán ha señalado que el Gobierno murciano recibió este martes un requerimiento enviado el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda comunicando que imponen este "nuevo escalón de medidas restrictivas" al Presupuesto de la Comunidad. El motivo es que la Región superó en agosto y septiembre de 2019 el objetivo medio marcado de periodo medio de pago a proveedores.

Esta retención es una medida contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ya se aplicó en Aragón y Extremadura en 2017, y la penalización no acaba hasta que pasan seis meses seguidos con un periodo medio de pago por debajo de 30 días, ha lamentado Celdrán.

Ha advertido que la retención por parte del Gobierno central generará "tensiones de tesorería" y afectará a otros gastos de la Comunidad. Así, la Consejería de Hacienda ya está estudiando cómo solventar este problema para evitar que afecte al gasto corriente de la Comunidad o al capítulo 1, correspondiente a las nóminas de los funcionarios.

"NUEVO ESCALÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS"

Celdrán ha echado la culpa de esta situación a la "infrafinanciación" que "condena a la Región de Murcia con un sistema injusto" de reparto entre las comunidades autónomas. Además, lo achaca a que el Ministerio de Hacienda "tenía guardado en aquel momento en sus cajones 234 millones de euros de todos los murcianos que se tenían que haber pagado antes del verano pasado".

En concreto, lamenta que el Ministerio tenía en sus "cajones" 85 millones del IVA "que ya avanzan que nos podemos olvidar de ellos", y 148 millones de euros de las entregas a cuenta, "de las que finalmente solo han pagado 130 millones". Todo ello, lamenta, "por una utilización partidista de los mecanismos de financiación".

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"Podrán entender que, por tanto, la causa del incumplimiento de la regla del periodo medio de pago a proveedores no es otra que la propia mala gestión del Ministerio, que bloqueaba unos fondos que nos corresponden a todos los murcianos", ha aseverado el consejero.

"Como nos temíamos, habida cuenta de los ataques y desplantes reiterados del Gobierno de España a la Región, hemos recibido un requerimiento del Ministerio anunciando que van a iniciar el procedimiento de retención de dinero que nos corresponde del sistema de financiación para hacer frente al pago a proveedores", ha aseverado el consejero.

Celdrán considera que es una decisión "extremadamente injusta, arbitraria, oportunista e irresponsable" que se sustenta en el incumplimiento del periodo medio de pago que "el propio Ministerio ha causado". Ha reprochado al Gobierno central que niega a la Región de forma "sistemática" los recursos que necesita para cumplir con los criterios de estabilidad, "multiplicando las tensiones de tesorería".

"INJUSTO SISTEMA DE FINANCIACIÓN"

Ha criticado que la Región lleva "años lastrada" por un sistema de financiación "injusto y arbitrario", lo que obliga al Gobierno murciano a hacer "ingentes esfuerzos" mes a mes con el fin de mejorar el periodo medio de pago a proveedores, recurriendo incluso a instrumentos de financiación a corto plazo.

No obstante, ha señalado que es muy difícil reducir este plazo de pago a proveedores mientras se mantenga el actual sistema de financiación, porque "recibimos menos ingresos que el resto de comunidades". Por ello, estima "urgente" que se modifique este modelo y que, así, "no siga incrementándose la deuda".

"Con esta nueva medida de penalización, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta perjudicarnos", según Celdrán, quien estima "absolutamente perverso" que el Gobierno de España, que ha reconocido que el sistema de financiación es "injusto", imponga ahora "medidas de ajuste adicionales".

Entre 2009 y 2019, ha señalado que el número de puestos de trabajo en la Región creció un 7,7%, el doble de la media nacional, "el mismo tiempo que lleva machacando a la Región el sistema de financiación autonómica diseñado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para satisfacer la presión del tripartito catalán que estaba entonces en el Gobierno de la Generalitat".

"Un murciano recibe 818 euros menos que un cántabro para los mismos servicios públicos fundamentales", según Celdrán, quien ha reprochado que el Gobierno central se niega a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de un año y medio sin reunirse para abordar "algo tan importante" como esta reforma.

Ha defendido que el Gobierno regional está haciendo una gestión "responsable" con resultados que "están a la vista de todos" y "nunca se ha despilfarrado dinero público".

CONSECUENCIAS: "MÁS TENSIONES DE TESORERÍA"

Celdrán ha lamentado que esta medida va a provocar "más tensiones de tesorería" y no soluciona el problema que tiene la Región, y que "solo se resolvería cambiando el sistema de financiación, que penaliza a la Comunidad".

"Con el 76% de los ingresos, que vienen del Estado, pagamos algo que cuesta el 79%, lo que quiere decir que parte de los ingresos que generamos en la Comunidad y que deberíamos dedicar a competitividad lo tenemos que desviar a pagar parte de lo que el Gobierno de España no nos paga", añade.

La única manera de compensar ese "déficit de competitividad", según Celdrán, es "poner en marcha medidas que nos permitan crecer, como las bajadas de tributos, y estamos acertando". Por tanto, cree que el Gobierno central "no nos puede pedir que pongamos solución subiendo impuestos a un problema que nos provoca el Estado".

Así, se cuestiona cuáles son las alternativas que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez frente a esta "infrafinanciación". Por ejemplo, se pregunta si "nos van a pedir que subamos el IRPF; si nos van a obligar a volver a cobrar el injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones; o si pretenden que impulsemos medidas tributarias que nos hagan menos competitivos".

"¿Es esta la sentencia de muerte con la que el secretario general del PSRM, Diego Conesa, amenazaba ayer mismo al Gobierno regional en la Asamblea", lamenta Celdrán, quien cree que los socialistas, a través del Gobierno de España, quiere castigar a los murcianos dándoles una "patada en el culo".