Podemos pide personarse como acusación popular

Podemos ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción para personarse como acusación popular en la causa que se instruye por 13 homicidios imprudentes por los incendios ocurridos en la madrugada del pasado domingo en varias discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas de la capital murciana.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez Serna, que ha explicado que la razón de personarse es porque "no nos creemos las explicaciones del Ayuntamiento de Murcia, no confiamos en sus responsables", y se niegan a que el Consistorio "sea juez y parte" en este proceso judicial.

Y es que, denuncia, "no se trata de un accidente, sino de una negligencia grave y no entendemos cómo dos locales han operado con normalidad" cuando pesaba una orden de cierre de los mismos, incluso administrativamente no existía La Fonda Milagros, solo Teatre S.L., por lo que ha dejado claro que su labor es llegar "hasta el final para depurar responsabilidades y que un hecho así nunca más se vuelva a repetir".

"Trabajaremos sin descanso para que salga a la luz y se sepa toda la verdad", ha dicho Sánchez Serna, que ha transmitido su apoyo y solidaridad a las familias afectadas por esta tragedia.

"DEPURAR LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Por su parte, la diputada regional de la formación morada, María Marín, ha explicado que "además de la vía judicial", desde Podemos trabajan "para que se depuren todas las responsabilidades políticas por esta tragedia".

Por ello, Marín registró este martes en la Asamblea Regional una solicitud para impulsar una Comisión especial de investigación en la que se pide "que comparezcan en los próximos seis meses todos los técnicos municipales, los posibles responsables políticos y los empresarios de las discotecas".

Marín ha dicho estar preocupada "por el silencio del alcalde José Ballesta (PP) y su antecesor, José Antonio Serrano (PSOE), desde que se conocieron las irregularidades que había en ambas discotecas, así como el silencio del resto de grupos parlamentarios ante el registro de esta Comisión especial para saber la verdad hasta las últimas consecuencias".

No obstante, ha explicado que dicha Comisión deberá ser aprobada por la Mesa de la Asamblea, integrada por diputados de PP y PSOE únicamente, y luego se deberá ordenar en Junta de Portavoces, un trámite que debería estar resuelto en una semana "si tienen interés".

A su juicio, si la Mesa no aprueba dicha Comisión, "el Gobierno regional y el resto de partidos tendría que dar explicaciones de por qué una comisión que pretende esclarecer lo ocurrido no quieren que se debata en la Asamblea, por qué no quieren escuchar a los técnicos del Ayuntamiento, testigos; si no la admiten son muchas las explicaciones que tendría que dar el Gobierno regional".

"EL AYUNTAMIENTO DEBE SER ENCAUSADO"

A juicio de Sánchez Serna, la rueda de prensa ofrecida por los concejales de PSOE y PP fue "vergonzosa" y rechaza que ejerza la acusación "el Ayuntamiento, que debería haber cerrado los locales".

De hecho, considera que es el Consistorio el que "tenía que haber cerrado esos locales y el que debe ser encausado". La denuncia que Podemos ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia incluye 13 presuntos homicidios por imprudencia grave.

En el apartado de hechos, se pone de manifiesto "la quiebra absoluta de las actividades de control por parte del Ayuntamiento", poniendo de manifiesto la "existencia de una presunta responsabilidad penal en los máximos responsables de los departamentos municipales encargados de verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, a la sazón del anterior concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero; y el actual teniente de alcalde Antonio Navarro".

La representación procesal de Podemos entender que el origen de las muertes "puede situarse en el aparente irregular funcionamiento de unas salas de fiesta que, por no cumplir la legalidad municipal, no deberían encontrarse abiertas y, sin embargo, desarrollaban su actividad con total normalidad".

Unos hechos entienden los abogados de la formación morada, según el escrito por el que solicitan personarse, de "una extrema gravedad que afectarían al irregular funcionamiento de una institución pública como es el Ayuntamiento de Murcia, siendo evidente el interés público del procedimiento".

Según el diputado en el Congreso, "no estamos hablando de un accidente, sino de una negligencia muy grave y sostenida en el tiempo. Nadie puede entender cómo dos locales con un aforo conjunto de más de 600 personas han podido seguir funcionando con total normalidad 20 meses sin licencia y con una orden de cierre que nunca se ejecutó".