LABORAL

El Ayuntamiento de Lorca defiende las sanciones a las limpiadoras tras el seguimiento con detectives

Cuatro empleadas de la empresa pública Limusa están suspendidas de empleo y sueldo por fumar mientras limpiaban colegios o descansar más de lo permitido. El PSOE pide la dimisión del concejal de Calidad Urbana y la suspensión de las sanciones por el uso de "métodos cuestionables" para vigilar a las trabajadoras.

El concejal de Calidad Urbana de Lorca muestra una factura de un seguimiento con detectives de la época del PSOE
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COPE LORCA

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

El Ayuntamiento de Lorca ha defendido las suspensiones de empleo y sueldo con las que han sido sancionadas cuatro empleadas de la empresa municipal de limpieza por infracciones en su trabajo que fueron verificadas tras seguimientos con detectives privados, tras las quejas que esa decisión ha generado entre los partidos en la oposición y los sindicatos UGT y CSIF.

El concejal de Calidad Urbana, delegado de la empresa municipal Limusa, Juan Miguel Bayonas, del PP, ha dicho que las empleadas han sido sancionadas tras ser sorprendidas fumando dentro de los colegios que limpiaban o descansando, de forma reiterada, más de lo permitido. 

Esas irregularidades han quedado acreditadas con medios propios de la empresa y con los informes de los detectives.

Sobre el uso de este recurso ha aclarado que sirve  protegen a los empleados que sí cumplen con su labor y evitan que tengan que soportar sobrecarga de trabajo por culpa de quienes no lo hacen.

Su objetivo, ha remarcado, es garantizar la gestión de los recursos públicos para evitar fraudes en bajas e incumplimientos de obligaciones laborales.

También ha indicado que la contratación de detectives privados no es una herramienta nueva en la empresa municipal, ha afirmado que la instauró el PSOE hace más de 40 años y que ha sido utilizada en diversas ocasiones para recabar pruebas contra trabajadores que han sido despedidos, el último de ellos hace dos años durante el mandato socialista.

Bayonas ha cargado contra la “campaña de bulos, mentiras y desinformación” sobre el conflicto laboral con estas trabajadoras que ha atribuido al PSOE e IU y ha negado que desde la empresa “se persiga o acose a nadie”.

Ha detallado que el departamento de limpieza de interiores de Limusa, en el que trabajan 94 mujeres, está afectado por un problema severo de absentismo, que ha cifrado en un porcentaje del 20 por ciento y que ha considerado “insostenible debido al aumento significativo de bajas por sobrecarga de trabajo, ya que las constantes ausencias están afectando gravemente su operatividad y eficiencia”.

Según Bayonas estos hechos se pusieron de manifiesto en la reunión del comité de empresa en septiembre, que pidió a la dirección de Limusa que se tomaran las medidas disciplinarias necesarias con aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones laborales, como consta en acta, aunque este hecho ha sido negado esta semana por el sindicato UGT.

El concejal ha desligado además la polémica de la reclamación de mejoras salariales por parte de las empleadas de la limpieza y ha afirmado que Limusa es la empresa pública del sector que más protege y cuida a sus trabajadores y les ofrece de las mejoras coberturas y condiciones contractuales del sector en España, con baremos por encima de los convenios colectivos en salario, horario, vacaciones, bajas, jubilaciones o gratificaciones.

El PSOE ha acusado a Bayonas de ejercer una “política de intimidación y acoso hacia los trabajadores” de la empresa municipal y la concejala socialista Isabel Casalduero ha pedido su dimisión.

Ha acusado al político popular de “eludir responsabilidades y culpar a sindicatos, partidos y trabajadores” de la situación de conflicto laboral en la empresa municipal y, además, ha reclamado la suspensión de las sanciones impuestas a las trabajadoras, “ya que podrían haber sido aplicadas de manera ilegal y con base en mentiras”.

Como ya hizo hace una semana ha vuelto a denunciar el uso de “métodos cuestionables”, como la contratación de detectives, “no para investigar posibles bajas fraudulentas, sino para vigilar a trabajadoras sin antecedentes de quejas en su desempeño”.

La concejal ha dicho que estos detectives contactaron a las empleadas “bajo falsas identidades, haciéndose pasar por técnicos de prevención, con el objetivo de inducirlas a cometer supuestas irregularidades” por las que han sido suspendidas de empleo y sueldo".

Ha reconocido que durante el mandato de su partido también se recurrió a la contratación de detectives una sola vez para acreditar que una limpiadora de baja realizaba limpiezas particulares en domicilios y que su despido no fue recurrido por la empleada.

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