Tubos Reunidos anuncia un ERE que amenaza a 1.400 empleos en sus plantas de Euskadi

La dirección de Tubos Reunidos ha anunciado su intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). La medida, que amenaza el futuro de sus 1.400 empleados, se justifica por la “compleja situación económica y el contexto internacional actual de mercados”, sacudidos por los aranceles de Trump, en especial en el sector del metal.

La empresa ha convocado a los comités de ambas plantas a una reunión clave que se celebrará el próximo 9 de febrero en las instalaciones de Amurrio, la principal del grupo. El objetivo de este encuentro es, según fuentes de la compañía, “explicar de forma clara, directa y transparente las medidas del Plan de Viabilidad que afectarán a cada una de las plantas”. 

Este plan, que incluye el ERE, busca garantizar “la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible”.

Una crisis con varios frentes

La situación de Tubos Reunidos es delicada desde hace tiempo. La compañía, uno de los referentes en la industria siderúrgica vasca, se ha visto muy afectada por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, un mercado clave para sus productos. Esta tensión comercial provocó incluso la suspensión temporal de la producción en su planta de Texas. 

A los problemas derivados del contexto internacional se suma una importante carga financiera para esta compañía cuyo origen se remonta a 1842 con la constitución de Tubos Forjados, antecesor de la actual Tubos Reunidos. 

En 2021, la empresa recibió un préstamo participativo de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Este rescate público, que fue crucial para sostener la compañía en un momento crítico, debe ser devuelto.

Rechazo sindical y preocupación institucional

El anuncio de ERE, ELA, la central mayoritaria en los comités de empresa de la planta de Amurrio y Trapagaran, ha mostrado su rechazo frontal y ha advertido de que tomará medidas para hacer frente a lo que considera “un grave ataque a las plantillas”. El sindicato ha dejado claro que no aceptará un plan de viabilidad que contemple despidos colectivos.

Por su parte, las instituciones públicas han reaccionado con cautela pero también con inquietud. En un comunicado conjunto, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Amurrio han manifestado estar “muy preocupados” por la “complicada situación” que atraviesa la empresa. Aseguran que “conocen de cerca” la evolución del negocio y que seguirán atentamente todo el "proceso de regulación de empleo" que ahora se inicia.

Las tres instituciones han informado de que mantendrán una comunicación directa con la dirección de la empresa, los representantes de los trabajadores y todos los agentes implicados en el proceso. 

En su comunicado, reconocen la difícil coyuntura que vive el sector al afirmar: “Somos conscientes de la complejidad del contexto comercial y su impacto en el sector de la siderurgia”. El futuro de los 1.400 trabajadores queda ahora pendiente de la reunión del 9 de febrero, donde la empresa deberá concretar el alcance real del ajuste.