La consejera de Trabajo y Empleo y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha presentado como reto principal para esta legislatura atacar dos reformas pendientes de la anterior y ahora más acuciantes, la de Lanbide y la RGI. Ya se han destruido 27.000 puestos de trabajo desde febrero y hay 1.693 nuevos perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos desde el inicio de la pandemia en Euskadi. "Si no actuamos, 68.000 personas podrían perder su empleo este año", ha advertido.

Motor de inclusión social

Mendia ha admitido que Lanbide está lastrada por la gestión de la RGI y por ello va a dejar de tramitarla como complemento a las pensiones más bajas y se va a reforzar su papel de intermediación y formación para que se convierta en una "auténtica y potente herramienta" de inserción laboral. Asímismo, se testarán las necesidades de las empresas y se impulsará la figura de los orientadores "como verdaderos tutores de quienes se forman para el empleo".

En cuanto a la RGI, el objetivo es "reforzar" el sistema y ayudar a los "trabajadores pobres", aquellos a los que la precariedad les "condena a depender de ayudas" y que representan el 18 % de los perceptores de la RGI. "Hay que trabajar para romper ese bucle", ha subrayado, tras apuntar que esta reforma permitirá además "indexar perfectamente" en el sistema de protección vasco el Ingreso Mínimo Vital impulsado este año por el Gobierno de España.

28.000 contratos indefenidos

Otro propósito es apostar por la calidad del empleo y para ello habrá hasta 7 inspectores más para luchar contra el fraude laboral. El objetivo es hacer indefinidos 28.000 contratos temporales, 10.000 más que en la anterior legislatura. Habrá además una campaña de inspección específica contra la discriminación laboral entre hombres y mujeres, y se exigirá un plan de igualdad a las empresas con más de 50 trabajadores.