La Diputación Foral de Bizkaia, a través del Instituto Tutelar de Bizkaia, pone en marcha el servicio para apoyar el ejercicio de la tutela de familiares o allegados de las personas cuya capacidad de obrar se ve modificada judicialmente. Se trata de una serie de medidas que tienen como objetivo impulsar que el entorno más cercano de las personas tuteladas pueda asumir y mantener la tutela, con los apoyos necesarios.

A través de este servicio, se ofrecerá información y asesoramiento para el ejercicio de la tutela y herramientas de apoyo para cumplir las obligaciones derivadas de la misma, como son el inventario de bienes, rendiciones de cuentas, solicitud de autorizaciones judiciales, etc.

En estos momentos en Bizkaia, hay 5.849 personas que tienen a un familiar o persona allegada de su entorno como representante legal o voluntario.

El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, afirma que todas esas personas, tutoras y curadoras, o representantes legales y voluntarios, pueden ser beneficiarias desde ahora de este nuevo servicio de la Diputación para ejercer esa labor: "Una labor de garantía de derechos y promoción de la vida plena desde el entorno más cercano". Porque "son quienes mejor pueden interpretar la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad que hayan visto modificada su capacidad", subraya Murillo.

Además de estas personas a quienes un familiar o persona allegada representa de manera legal y voluntaria, el Instituto Tutelar de Bizkaia, adscrito al departamento de Acción Social, ejerce en estos momentos las tutelas y curatelas de 1.649 vizcaínas y vizcaínos. La mayoría de las personas mayores de edad bajo tutela foral, 963 personas, viven en un centro residencial. El resto de las personas tuteladas por el Instituto Foral, 686 personas, residen en domicilios.

Así mismo, el Departamento de Acción Social, a través del Instituto Tutelar de Bizkaia, mantiene una estrecha colaboración con las entidades Futubide y Ondoan con quien tiene convenidas este año 195 tutelas y 60 tutelas, respectivamente, para que ambas entidades ejerzan la guarda legal que les haya sido encomendada judicialmente, de personas que así lo necesitan.

Cualquier persona mayor de 18 años que tenga una enfermedad y/o discapacidad de carácter físico o psíquico, que sea duradera en el tiempo, y que le impida gobernarse por sí misma puede ver modificada su capacidad (o ser tutelada). Entre las causas más frecuentes aparecen la discapacidad intelectual o de desarrollo severa, deterioros cognitivos o demencias avanzadas, y algunas enfermedades y trastornos mentales que limitan la percepción de la realidad.