Pamplona tratará de rescatar el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en los tribunales

El Ayuntamiento de Pamplona ha confirmado este lunes el cierre unilateral del servicio de bicicleta eléctrica por parte de la empresa adjudicataria, Ride On, y ha anunciado el inicio de medidas administrativas y judiciales para resolver la situación. El consistorio ha decidido declarar la nulidad del acuerdo de compra de 'stock' y se prepara para acudir a los tribunales de lo mercantil con el objetivo de instar un concurso de acreedores necesario que permita rescatar el servicio lo antes posible.

La decisión llega después de que la empresa comunicara que le resulta “imposible” atender al requerimiento del Ayuntamiento por no tener “viabilidad económico-financiera”. Así lo ha asegurado Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico. Desde el equipo de gobierno califican las pretensiones de la compañía como “exorbitadas” y defienden que el consistorio ha actuado en todo momento con el respaldo de los servicios jurídicos y de Intervención.

Un conflicto enquistado

El portavoz municipal ha desgranado los puntos de fricción, aclarando que los 200.000 euros aportados en abril no eran a fondo perdido, sino “un anticipo a cuenta” para dotar de liquidez a la empresa. Según el consistorio, no solo Ride On no ha devuelto esa cantidad, sino que a día de hoy mantiene una deuda de 70.000 euros con el Ayuntamiento tras realizar las liquidaciones correspondientes al año 2025.

La empresa tenía unas pretensiones que podríamos definir como exorbitadas en relación a lo que aportaba"

Joxe Abaurrea

Concejal delegado de Gobierno Estratégico

Asimismo, el Ayuntamiento niega que corresponda abonar un beneficio industrial del 6 %, ya que el servicio se presta bajo una orden de continuidad, una figura que no contempla dicho margen. Esta posición, aseguran, fue confirmada tras una consulta a la Hacienda foral.

El 'stock', el gran escollo

El punto que ha provocado la ruptura definitiva de las negociaciones ha sido la valoración del 'stock' de bicicletas y materiales. Mientras el acuerdo de abril fijaba un valor máximo de 700.000 euros, una primera valoración técnica del Ayuntamiento lo situó en torno a los 400.000 euros, con cautelas sobre el estado de algunos componentes como las baterías. El gobierno municipal ha calificado de “sorpresa negativa” el estado del material.

Fue una sorpresa negativa ver las condiciones del estocaje, una vez que se pudo comprobar"

Joxe Abaurrea

Concejal delegado de Gobierno Estratégico

Ante la discrepancia, el consistorio propuso a Ride On recurrir a una auditoría externa e imparcial para fijar el valor definitivo, una oferta que, según el portavoz, la empresa no ha aceptado. “No se puede negociar a bulto” han afirmado, subrayando que la administración pública debe justificar cada gasto en un expediente administrativo.

Futuro del servicio y los usuarios

Una de las mayores preocupaciones del Ayuntamiento es el dinero de los usuarios en los llamados [monederos virtuales o 'wallets'. El consistorio ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que se configurará como acreedor en nombre de los afectados para reclamar y devolver las cantidades. Los ciudadanos podrán realizar su reclamación directamente al Ayuntamiento.

Paralelamente a la vía judicial, el área de Movilidad intensifica los trabajos para una nueva licitación. Las fechas que se barajan son lanzar el concurso en marzo, tener una empresa adjudicataria en julio y que el nuevo servicio esté a pleno rendimiento en diciembre, aunque se intentará que la nueva prestataria pueda iniciar una transición desde septiembre.