El senador por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha preguntado al Ministerio de Educación y Formación Profesional si dispone de informes "que avalen la legalidad constitucional de la decisión adoptada en Navarra para retirar los conciertos educativos de la etapa de Bachillerato a los colegios que imparten educación diferenciada".

Además, según han informado desde UPN, Catalán quiere conocer si el Ministerio "respalda y comparte tal decisión y si considera que, pendientes de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación con la nueva ley de educación LOMLOE conocida como Ley Celaá, no hubiese sido más oportuno y responsable esperar dicha resolución".

"Si no se disponen de esos informes, estamos ante una temeridad, más aún cuando está en juego la educación de cientos de escolares y la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos, un principio básico amparado por la Constitución Española y las normas internacionales", ha agregado.

Para el senador regionalista, "es una irresponsabilidad que mientras el máximo tribunal garante de los derechos de los ciudadanos de nuestro país no ha resulto recursos de inconstitucionalidad planteados por diferentes formaciones políticas, entre ellas UPN, sobre la LOMLOE y la vulneración de la libertad de los padres para elegir los centros a los que desean llevar a sus hijos, incluidos aquellos que segregan por sexo, se tomen decisiones que pueden tener consecuencias negativas para la comunidad educativa de dichos centros".

"No debemos olvidar que este modelo es elegido por un importante número de familias y que la retirada de conciertos les supone cambiar las condiciones de escolarización fruto de su libre elección a mitad de partido", ha señalado.

LA DECISIÓN DE EDUCACIÓN

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra comunicaba este lunes a los centros educativos privados Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín la extinción de los conciertos educativos de la etapa de Bachillerato en ambos colegios. En una nota, explican que "la motivación de la extinción de los conciertos radica en ambos casos en el hecho de que habiendo incumplido los centros la disposición adicional 25ª de la LOMLOE, al mantener separado al alumnado de Bachillerato por su género, no cumplen los requisitos para poder concertar, por lo que, una vez constatado el incumplimiento, procede la extinción del concierto".

En cuanto a la fecha de efectos de la extinción, ésta queda demorada al 31 de agosto de 2023, "atendiendo a razones pedagógicas, de modo que el alumnado no se vea afectado por la extinción inminente del concierto durante el curso 2022/2023".

Por su parte, los centros educativos ya han anunciado que recurrirán la decisión de Educación porque "entre otras cuestiones, no se respeta el principio de confianza legítima de las familias cuando eligieron para sus hijas e hijos el modelo educativo diferenciado".