Ocuparon el piso de una fallecida y lo convirtieron: Juicio a una familia de Logroño

Una pareja y dos de sus hijos son juzgados en la Audiencia Provincial de Logroño por presuntamente haber convertido su domicilio en el barrio de Varea en un punto de venta de cocaína y heroína. Según el Ministerio Fiscal, utilizaban además el piso contiguo, vacío tras el fallecimiento de su propietaria, como escondite para la droga y un arma de fuego.

Los acusados se enfrentan a penas que suman nueve años de prisión para cada uno, por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Tres de ellos cuentan con antecedentes por hurto, amenazas o conducción sin permiso. La Fiscalía también solicita multas por valor de 22.000 euros por tráfico de drogas, así como 1.440 euros más por defraudación de fluido eléctrico. 

Un piso convertido en narcoalmacén  

Según el escrito de acusación, la familia vendía droga desde su vivienda habitual, y almacenaba parte de las sustancias estupefacientes y un arma corta en el piso de una vecina fallecida, al que accedían sin permiso. En el registro autorizado por el juez, los agentes localizaron una pistola semiautomática de la marca Star, con su cargador cargado y 14 cartuchos más, ocultos en un calcetín debajo de un sillón.

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Debajo del cojín del mismo mueble encontraron varias bolsas con cocaína y heroína. En total, se incautaron más de 94 gramos de cocaína con una pureza del 55,4 % y casi 25 gramos de heroína del 23,4 %, valoradas en conjunto en más de 20.000 euros. Vigilancia policial y detenciones

El operativo policial incluyó días de vigilancia sobre el inmueble, en los que fueron interceptadas varias personas saliendo del domicilio con papelinas de heroína. En total, se intervinieron al menos ocho dosis individuales, todas con niveles altos de pureza. Uno de los consumidores confesó que había acudido al domicilio a pagar una deuda de 40 euros, y que los acusados sabían que estaban siendo vigilados. 

Enganche ilegal a la luz  

Desde agosto de 2018, la vivienda carecía de suministro eléctrico por impago, pero Iberdrola descubrió en julio de 2019 que los acusados habían realizado un enganche ilegal al contador, defraudando casi 1.500 euros de electricidad, aunque la empresa no reclama compensación económica.

El fiscal califica los hechos como un delito contra la salud pública con sustancias que causan grave daño a la salud (por el que solicita cinco años de prisión), otro de tenencia ilícita de armas (dos años) y un tercero de pertenencia a grupo criminal (dos años más). La vista oral ha comenzado en la Audiencia Provincial.