Multada con 20.000 € por un sistema de seguridad que su taller no necesita

Isabel Mir, artesana menorquina con más de seis años al frente de un pequeño taller de joyería en plata, vive uno de los momentos más difíciles desde que emprendió su negocio. A pesar de no haber sufrido nunca un robo ni un incidente de seguridad, ha sido sancionada con 20.000 euros por no cumplir una normativa estatal pensada para joyerías de alto valor. La ley obliga a instalar costosos sistemas de protección que, en su caso, considera completamente innecesarios.

Su taller, de dimensiones reducidas y sin materiales de alto coste, se enfrenta ahora a una exigencia desproporcionada: cajas fuertes homologadas con retardo, sensores sísmicos, cristales blindados, cámaras de vigilancia de nivel 3 y pulsadores de alarma conectados directamente con la policía. Todo ello supone una inversión que ronda los 10.000 euros, una cantidad que Isabel Mir califica de inasumible para un negocio artesanal. Lo paradójico, explica, es que muchos de estos elementos nunca llegarían a utilizarse porque su actividad no implica el mismo nivel de riesgo que una joyería tradicional.

La artesana intentó acogerse a una dispensa presentada ante la Delegación del Gobierno en Illes Balears, pero el trámite no detuvo la maquinaria administrativa. En mayo recibió una sanción de 20.000 euros por no haber implementado las medidas dentro del plazo establecido, a lo que se suma el coste de la instalación. En total, unos 30.000 euros que amenazan con llevarla al cierre. “Es un golpe muy difícil de asumir para un pequeño comercio como el mío”, lamenta.

Una ley que no distingue entre negocios  

Isabel Mir denuncia que la normativa no diferencia entre una gran joyería con piezas de alto valor y un taller artesanal que trabaja con plata. Ambos están obligados a cumplir las mismas exigencias, sin tener en cuenta el tipo de actividad, el volumen de negocio ni el riesgo real de sufrir un robo. Este enfoque, señala, está “asfixiando” al pequeño comercio local y comprometiendo el futuro de proyectos que, como el suyo, forman parte del tejido tradicional y económico de los pueblos menorquines.

El caso de Isabel Mir no es un hecho aislado. Tras compartir su situación, ha sabido de otros establecimientos sancionados en la isla, algunos incluso después de haber instalado medidas de seguridad, por detalles técnicos tan específicos como el modelo exacto de caja fuerte exigido por la normativa. Uno de ellos, explica, recibió una multa de 20.000 euros por no contar con una caja del nivel y retardo reglamentarios, a pesar de tener ya una instalada.

La falta de proporcionalidad preocupa especialmente a quienes sostienen el comercio artesanal, que no cuentan con los recursos económicos de las grandes empresas. Isabel subraya que este tipo de sanciones puede hacer que muchos pequeños negocios “tiren la toalla”, con el riesgo de que los centros urbanos se vacíen de comercios tradicionales y las calles “se conviertan en cementerios comerciales”.

Impacto económico y emocional  

Desde que conoció la sanción, Isabel Mir ha vivido semanas de enorme presión. Durante todo septiembre ha tenido que mantener su negocio cerrado, a la espera de completar la instalación de los sistemas exigidos. La caja fuerte homologada, uno de los elementos clave, todavía no ha llegado, lo que retrasa la reapertura y alarga la incertidumbre.

La artesana admite que ha llegado a plantearse si continuar con su actividad o cerrar definitivamente, ya que la suma de gastos y sanciones pone en jaque la viabilidad del proyecto. Aun así, asegura que seguirá adelante y alza la voz para evitar que otros artesanos se enfrenten a la misma situación. “Hoy me ha tocado a mí, pero mañana puede ser cualquier otro”, advierte.

Isabel Mir teme que, si la normativa no se revisa, el impacto a medio plazo será devastador para el comercio local. Muchos talleres y pequeñas tiendas no podrán asumir semejantes costes, lo que provocará cierres en cadena y una pérdida irreparable del tejido económico y social en pueblos y ciudades. “Nos jugamos mucho más que un negocio: nos jugamos la vida de nuestras calles y la diversidad comercial”, resume.

Mientras tanto, espera que las administraciones públicas reconsideren la aplicación de una ley que, en su opinión, se ha diseñado pensando en grandes joyerías y no en pequeños talleres artesanos. Isabel confía en que el sentido común prevalezca y que su caso sirva para abrir un debate urgente sobre la proporcionalidad de estas normas. De no ser así, advierte, el futuro del comercio local en Menorca corre un serio peligro.