Sara Lobato, decana del colegio de ingenieros de Baleares: "Hace años que deberíamos estar preparados, a nivel urbanístico, para el cambio climático"

Sequías extremas por un lado, y por otro, lluvias torrenciales que en horas dejan la misma agua que en un año, como ocurrió con la devastadora DANA en Valencia el año pasado la semana pasada en Ibiza. 

El cambio climático exige soluciones urgentes en la gestión del agua y de nuestras infraestructuras. Ante la falta de respuesta de las administraciones a sus peticiones, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha decidido tomar la iniciativa impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar de forma urgente la Ley de Aguas. Buscan asegurar la inversión, la seguridad de las personas y que los criterios técnicos prevalezcan en la toma de decisiones. Necesitan 500.000 firmas hasta febrero de 2026 para que la propuesta llegue al Parlamento.

ley de aguas

La entidad colegial solicitó en su día a las administraciones modificar la Ley de Aguas, pero debido a que dicha demanda no ha sido atendida por la Administración, han emprendido la iniciativa legislativa popular.

Tras la Dana de trágicas consecuencias en Valencia, el Colegio pidió un Pacto de Estado para garantizar inversiones en infraestructuras hidráulicas y que los ingenieros de caminos, canales y puertos tengan responsabilidades en el ámbito hidráulico.

Con la iniciativa legislativa popular, que debe contar con el apoyo de la ciudadanía, busca estas mejoras para beneficiar al conjunto de toda la sociedad. La recogida de firmas finalizará en febrero de 2026, iniciándose así el correspondiente el trámite parlamentario.

Según la decana de la entidad colegial en Baleares, Sara Lobato Rubio, en la actualidad “la contradicción climática es ya una constante".

"Pasamos de la prealerta por sequía a recibir en apenas unas horas la misma lluvia que en todo un año. No es una hipótesis, es la realidad presente, ya hace años que lo sabíamos, y gestionarla ya no es una opción aplazable”, ha advertido.

En opinión de Lobato, el territorio y las infraestructuras deben planificarse bajo esta premisa. Añade que "no se trata de un problema sencillo, porque son muchos los factores implicados, pero tampoco es una cuestión imposible".

"Lo que sí está claro es que ninguna medida aislada resulta suficiente, siendo necesaria una estrategia integral", reivindica. "No podemos pretender absorber o mitigar por completo el clima pero sí laminar un poco los efectos  y eso es lo que la ingeniería debe aportar. Hace años que deberíamos estar preparándonos, esto ya no se puede demorar más", explica en COPE Mallorca Lobato. 

líneas de actuación

El Colegio de Ingenieros señala cuatro líneas de actuación que deben ser coherentes entre sí: La gestión del territorio y el urbanismo, que es una cuestión política; la adaptación del parque edificatorio existente y de nueva construcción, que es una cuestión técnica; la reorganización de los servicios públicos y su sincronización con las nuevas necesidades, una cuestión política y técnica; y la educación ciudadana ante el riesgo, una cuestión técnica y social.

Para la decana del citado colegio "es obligación de los responsables políticos y técnicos, atender a la población y ofrecer el mejor servicio posible”.

Lobato reclama "más profesionales preparados, más ingenieros incorporados a las plantillas públicas y privadas y más criterio técnico en la toma de decisiones", para "actuar con eficiencia y rigor".

La Decana en Baleares del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos asegura que la lección de la Dana de Valencia es la necesidad de adaptación y de "ser más respetuosos sobre el medio con el fin de mitigar y laminar los efectos y, ofrecer el mejor de los servicios a los ciudadanos". Sara Lobato insiste en que las inversiones no pueden demorarse más.

La reforma que plantean pretende añadir tres principios a la Ley de Aguas: Protección de la vida e integridad humana; inversión suficiente para la mitigación de los riesgos naturales, por inundaciones o sequía; y profesionalidad, capacidad e idoneidad técnica de los cargos de la administración pública del agua y de los puestos técnicos.