La Oficina Antidesahucios de Palma acompañó a 720 familias en 2022
Estas cifras son similares a las de 2021, cuando fueron atendidas 729 familias, y coge distancia con los datos de 2020, año de estallido de la pandemia

Estas cifras son similares a las de 2021, cuando fueron atendidas 729 familias
Madrid - Publicado el - Actualizado
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La Oficina Antidesahucios de Palma acompañó a un total de 720 familias en 2022, de las cuales 483, es decir, el 67 %, fueron atendidas por no poder hacer frente al pago del alquiler en la ciudad.
Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, quien ha resaltado la "importancia de poner el foco en la problemática de los contratos, los precios y el mercado del alquiler en Palma".
Además, ha detallado que estas cifras son similares a las de 2021, cuando fueron atendidas 729 familias, y coge distancia con los datos de 2020, año de estallido de la pandemia, cuando 1.030 familias tuvieron que ser acompañadas por la Oficina.
INCREMENTOS DE DESAHUCIOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA
"En esta ciudad, desgraciadamente, desde hace una década ha habido un incremento importante de desahucios por esta situación de aumento de precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler", un hecho que "se conjuga con un contexto de rentas familiares relativamente bajas si se compara con la media del Estado español", ha advertido la regidora.
En este punto, ha hecho referencia al informe remitido el lunes por el área de Bienestar Social, que señala que, de media, una persona tiene que dedicar hasta el 40 % de su sueldo a la vivienda en Palma, cuando el máximo debería ser un 30 %, lo que demuestra que en la ciudad se está "en una situación más delicada y desventajosa por los precios tan desmedidos".
Cabe recordar que la función de la Oficina, al no tener capacidad jurídica o administrativa para detener un lanzamiento, es la de acompañar a la familia o persona en riesgo de perder su casa, por ejemplo, con ayudas económicas o con asesoramiento jurídico y legal.
Asimismo, el organismo se encarga de redactar los informes de evaluación social para determinar si la persona afectada forma parte de un colectivo vulnerable a nivel social y económico, y traslada este informe a las instancias judiciales para que sea valorado.