Baleares clama contra el reparto de menores migrantes: "Se ríen de nosotros"

Baleares planteará recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la Ley de Extranjería y al decreto de cupos de reparto de menores

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el

3 min lectura

La tensión entre el Gobierno central y el Govern balear por la gestión de la migración de menores no acompañados parece lejos de resolverse, con Baleares firme en su postura de no asumir más reubicaciones dada su situación actual y decidida a agotar todas las vías legales y diplomáticas.

La propuesta del Gobierno central de reubicar a 49 menores migrantes no acompañados en Baleares ha desatado una fuerte indignación en el archipiélago. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha criticado duramente la decisión, afirmando que el ejecutivo estatal "se ríe de nosotros" y dejando claro que Baleares se opondrá a este reparto por todos los medios a su alcance. A estas críticas se suma la contundente denuncia de Guillermo Sánchez, presidente del IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales), quien acusa al Gobierno de "imposición" y de tratar a los menores como "mercancía".

La noticia forma parte de un plan para reubicar a unos 3.000 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, principalmente Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en el caso de Baleares, la situación es especialmente tensa.

Imagen de patera llegada a Baleares

CNP

Imagen de patera llegada a Baleares

Capacidad Desbordada y Negativa Rotunda

Prohens ha insistido en que Baleares no puede acoger ni un solo menor migrante más procedente de otras comunidades, ya que el archipiélago carece de la capacidad, los espacios y los profesionales necesarios para atenderlos. "El propio Ministerio de Infancia reconoce la sobreocupación de la acogida en nuestras islas, pero aún así pretende que sigamos acogiendo, negando la ruta de inmigración ilegal y dejando solos ante el drama humanitario", sentenció la dirigente balear en un mensaje contundente en sus redes sociales.

Según datos del Ministerio, Baleares cuenta con una capacidad ordinaria de 406 plazas, pero actualmente ya tiene 506 ocupadas, lo que demuestra la saturación de sus recursos. A esto se suma la llegada constante de pateras a las costas baleares, que incrementa diariamente la presión sobre los servicios de acogida.

Guardia Civil de Baleares

Guardia Civil de Baleares

Menores Como "Mercancía" y Opacidad en los Criterios

La crítica de Guillermo Sánchez, presidente del IMAS, eleva el tono de la denuncia, destacando la "imposición de Sánchez, que está gobernando al margen de la opinión de los que tenemos la competencia de menores". Sánchez no se anduvo con rodeos al afirmar que el Gobierno central "trata a los menas como mercancía", lo que "nos aboca a cambiar un modelo que tenemos de sistema de protección de menores de acogida por un modelo de almacenaje". Esta situación, según Sánchez, "pervierte nuestro sistema de protección".

Además, el presidente del IMAS se quejó de la opacidad de los criterios de reparto. "Nadie entiende que Cataluña, con mayor renta per cápita y población, tenga que acoger la mitad de menores que Baleares", señaló, evidenciando una falta de coherencia en la distribución propuesta.

Sánchez recordó que en los últimos dos años Baleares ha venido duplicando la llegada de menores, y este año ya se registra un 20% de incremento de llegadas. "No nos queda más remedio que oponernos con todos nuestros medios a este criterio de reparto", sentenció.

Recurso al Constitucional y Llamada a Europa

Ante esta situación, la presidenta balear ya había anticipado que se opondrían a este reparto y recurrirían a todos los medios a su alcance. Guillermo Sánchez profundizó en esta estrategia, anunciando que el siguiente paso será el recurso de inconstitucionalidad de la modificación de la ley de extranjería, así como del decreto de cupos de reparto de menores. "Esperamos que se apruebe una cautelar", afirmó, aunque se mostró "poco positivo" porque, a su juicio, "no se atiende a ningún requerimiento de las CCAA".

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