Casas do Maior, la revolución silenciosa de los servicios sociales en Galicia

Las antiguas escuelas unitarias de la Costa da Morte, en la costa de A Coruña, se están convirtiendo poco a poco en Casas do Maior. Todo gracias a un grupo de mujeres de la zona, que han formado una cooperativa y ofrecen servicios de día a las personas mayores de su entorno.

Natalia Asorey ha sido la promotora. Ella es trabajadora social, da formación sobre cuidado de mayores, y tiene un centro en Laxe.

"Nos acercamos a los concellos que tienen esas escuelas unitarias que no se están usando", explica en Herrera en Cope en Galicia. "Tienen que estar en relativo buen estado porque la Xunta nos da 15.000 euros para adecuarla y 20.000 para el salario de la persona y los gastos que conlleva tener el centro abierto.

Los mayores pueden pasar hasta ocho horas al día en los centros y los promotores organizan todo tipo de actividades para ellos.

Cinco años de Casas do Maior en Galicia

Las casas do maior son una de las iniciativas que ha salido de la consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y que más éxito está teniendo.

Llevan cinco años en marcha y hay ya más de un centenar por toda la comunidad. En algunos casos se instalan en la propia residencia del promotor y en otros en edificios aparte. Un particular las promueve (en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes) y el gobierno gallego subvenciona la adaptación de los espacios y el salario del profesional.

Pueden apuntarse mayores de 60 años y funcionan como centros de día. Máximo ocho horas. Hay un tope de cinco usuarios como máximo en casa centro en funcionamiento.

Para el usuario el servicio es gratuito. "No pagan nada, está todo subvencionado. La única aportación que hacen es cinco euros por la comida los que quieren comer en la casa do maior".

Casas do Neno

Este tipo de servicios para los ciudadanos que viven en zonas rurales se extiende también en Galicia a los niños. Paralelamente a las casas do maior la Xunta está promoviendo también casas do neno por toda la comunidad.

Son también los particulares los que las ponen en marcha y la administración contribuye a sufragar los gastos.

Funcionan, así, como recurso de conciliación para las familias en los municipios donde no hay demanda suficiente para construir escuelas infantiles al uso.