El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, considera que la multinacional americana ha llegado “al esperpento máximo” al cuestionar la legalidad de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le prohíbe apagar las cubas de electrolisis en la planta de aluminio primario.

“Más que impugnar la resolución del TSXG, que está en su derecho, lo peor es que diga que la decisión del tribunal es ilegal”, dijo Zan.

“Solo faltaba que Alcoa viniese a decirles a los jueces de este país que las decisiones que adoptan son ilegales”, dijo el presidente del comité.

“Han pasado por encima de dos Gobiernos”, añadió, pero “otra cosa es decir que los jueces de este país cometen ilegalidades por no decir lo que ellos quieren oír”.

Desde su punto de vista, “ahora, además de los Ministerios de Transición Ecológica e Industria y la Consellería de Economía, también tienen un problema el Ministerio de Justicia y la Consellería de Xustiza”.

“Era lo que nos faltaba por oír”, dijo Zan.

En cuanto a las supuestas pérdidas acumuladas por la planta de aluminio desde 2018, que la empresa cifra en 151 millones de euros, el presidente del comité afirma que “son mentira”.

Recordó que Alcoa San Cibrao “es un complejo que nació unido”, de forma que las pérdidas que puede acumular en un momento dado la refinería de alúmina se sufragan con los beneficios de la de aluminio y viceversa.

De hecho, precisó que entre los años 2008 y 2017, por decisión empresarial, la alúmina se estaba “vendiendo por debajo del precio de mercado”, pero “lo que se dejaba de ganar por esa parte”, se cubría con los beneficios “de la planta de aluminio”.

Lo que sucedió es que “entre los años 2018 y 2019 el precio de la alúmina se triplicó por un fallo en una planta en Brasil”, de ahí que subiesen los costes de producción, pero aun así, en conjunto, el complejo industrial “ganó 90 millones de euros en 2018”, sostiene el sindicalista.