El PP de Lugo denuncia que el recurso del Gobierno central deja “al pairo” a más de 12.500 gallegos pendientes de dependencia y discapacidad

La sede del Partido Popular en Lugo acogió este lunes una comparecencia en la que participaron la presidenta provincial, Elena Candia, el portavoz provincial Antonio Ameijide, la concejala y economista Cristina Sanz, la diputada autonómica Raquel Arias y el exalcalde de Paradela José Manuel Mato.

El objetivo del encuentro fue informar sobre las consecuencias del recurso presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra diversos preceptos de la Ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2025, un movimiento que, según denunciaron, deja en suspenso el plan autonómico de agilización de la dependencia y la discapacidad.

Elena Candia: “Se paraliza un sistema que estaba funcionando”

Elena Candia reconoció que históricamente el proceso para obtener el reconocimiento de la dependencia —y de manera implícita, de la discapacidad— había sido largo y complejo. Sin embargo, defendió que la Xunta logró mejorar la dinámica administrativa, simplificando pasos y requisitos, lo que permitió acelerar los expedientes y reducir la burocracia.

Según explicó, el modelo gallego estaba dando resultados positivos, facilitando que muchas personas que ya tenían reconocida la dependencia pudieran obtener automáticamente la homologación de la discapacidad, evitando nuevas valoraciones y trámites reiterativos.

Para Candia, el recurso del Ejecutivo central supone “un paso atrás” que frena un sistema que había conseguido agilizar tanto los tiempos como los procedimientos. A su juicio, la consecuencia directa es que más de 12.500 gallegos que están tramitando su expediente quedan ahora en una situación de incertidumbre mientras se resuelve el conflicto jurídico.

Antonio Ameijide: presión institucional para retirar el recurso

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Chema Núñez

Antonio Ameijide acusa al PSOE de instalarse "también en el no"

Por su parte, Antonio Ameijide cuestionó la postura del PSOE, al que acusó de instalarse en el “no” sistemático, una actitud que —dijo— los populares ya observan en otras formaciones como el BNG.

El portavoz provincial avanzó que todas las instituciones gobernadas por el PP trabajarán para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retire el recurso ante el Constitucional, al considerar que “paraliza todo el proceso” y perjudica directamente a las personas dependientes de Galicia.

Cristina Sanz: cifras del “éxito gallego” y crítica al trasfondo económico

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Chema Núñez

Cristina Sanz: "la razón es recaudatoria"

La economista Cristina Sanz aportó datos sobre lo que definió como el “éxito gallego” en la gestión de la dependencia. Recordó que en el último año se resolvieron favorablemente más de 86.000 expedientes de dependencia y discapacidad, casi el doble que en el ejercicio anterior, y que más de 12.000 personas obtuvieron la homologación automática de la discapacidad al tener ya reconocida la dependencia.

Además, destacó que los tiempos de espera se habían reducido en torno a dos meses en Galicia, mientras que en el conjunto del Estado la tendencia era la contraria.

Sanz subrayó que la suspensión del sistema de homologación automática implica que “cae todo el plan de choque” impulsado por el Ejecutivo gallego y que más de 12.600 gallegos ven ahora paralizados sus expedientes.

La concejala fue más allá al preguntarse por los motivos del recurso. Según sostuvo, la simplificación administrativa implicaba que el Estado dejara de ingresar en torno a 114 millones de euros en 2025 en Galicia por beneficios fiscales vinculados al reconocimiento de la discapacidad. “La razón es recaudatoria”, afirmó, al considerar que el Gobierno central prioriza la recaudación frente a la agilización de derechos sociales.

El Gobierno gallego se personará ante el Constitucional

El Gobierno gallego ya anunció que se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de la comunidad frente al recurso presentado por el Ejecutivo central.

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Chema Núñez

Raquel Arias: "los largos trámites influyen muchísimo en la vida de las personas"

Desde la Administración autonómica califican la decisión de “injusta, contraproducente y perjudicial”, al entender que vuelve a introducir mayor complejidad burocrática y retrasa la respuesta a las personas dependientes.

Asimismo, consideran contradictorio que el Estado cuestione el modelo gallego mientras tramita modificaciones normativas que incorporan elementos similares de simplificación administrativa.

Impacto en la financiación y modelo de cuidados

En el trasfondo del debate, el Ejecutivo gallego también insiste en el déficit de financiación estatal en materia de dependencia, recordando que el Estado no asume el 50% del coste de los servicios y prestaciones como establece la ley. Según los datos manejados por la Administración autonómica, la deuda acumulada con Galicia alcanzará este año los 2.900 millones de euros.

Mientras tanto, el Gobierno gallego mantiene su apuesta por reforzar el modelo de cuidados, con un presupuesto superior a los 840 millones de euros en 2026 para políticas sociales, el impulso de nuevas plazas públicas residenciales y la potenciación de servicios que permiten a las personas mayores permanecer en su hogar.

En este contexto, el PP de Lugo reclamó la retirada inmediata del recurso para evitar que miles de gallegos queden “al pairo” de una decisión judicial y administrativa que, a su juicio, frena un sistema que estaba ofreciendo resultados tangibles en la atención a la dependencia y la discapacidad.