El ministerio fiscal solicita 44 años de cárcel para uno de los cabecillas y casi 20 para su socio por delitos contra los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y estafa, en la trama que ambos supuestamente urdieron para captar trabajadores en Marruecos y explotarlos laboralmente en granjas avícolas de la provincia de Lugo, y que fue desmantelada en la llamada 'Operación Pollo'.

Aparte de los dos supuestos cabecillas de esa trama, el ministerio fiscal dirige acusación contra otras dieciséis personas que, de un modo u otro, entiende que colaboraron en el desarrollo de este entramado, pensado para “enriquecerse” a costa del esfuerzo de un grupo de trabajadores que malvivía después de trabajar en ocasiones hasta “setenta horas” a la semana.

Entre los dieciocho acusados hay personas de nacionalidad española, marroquí y portuguesa.

El fiscal explica que esa trama tiene su origen entre los años 2006 y 2008, cuando el supuesto cabecilla “se dedicó a organizar y a facilitar la entrada en España de ciudadanos” de Marruecos, “enriqueciéndose con el dinero que estaban dispuestos a pagarle a cambio de obtener la documentación necesaria para entrar” en el país.

Entiende que el acusado “abusaba de la situación en la que se encontraban y de la expectativa de” mejorar “sus condiciones de vida y laborales”.

“Con el fin de burlar la legislación de extranjería y enriquecerse con la llegada a España de los trabajadores marroquíes”, el acusado “contactó” con el que sería su socio, un empresario del sector agropecuario de Lugo que “por su profesión”, conocía “a los ganaderos de la zona de Castro de Rei y proximidades”.

“Juntos se propusieron enriquecerse captando extranjeros”, añade, que estaban “dispuestos a pagar dinero a cambio de trabajar en España”.

Según el ministerio fiscal, los inmigrantes que llegaban al país para trabajar a través de esta trama, por lo general “eran dados de alta a media jornada para pagar” menos a la Seguridad Social, aunque “luego trabajaban más horas que las correspondientes a una jornada laboral completa”.

El cabecilla de la trama supuestamente obligaba “a los trabajadores a permanecer” en esa actividad “el mayor tiempo posible” y, cada día, “generalmente por la tarde-noche, salían en una furgoneta conducida por uno de los acusados”, que los llevaba “a distintas granjas de la provincia” para “descargar aves de corral cebadas”.

El ministerio público sostiene que hacían “generalmente diez y a veces hasta catorce horas diarias” de trabajo, hasta “bien entrada la mañana siguiente”, de modo que había semanas en las que “podían trabajar hasta setenta horas”.

En esos trabajos, “los acusados negaban a los trabajadores los medios más básicos para desarrollar sus trabajos en condiciones de higiene y salubridad mínimas”, de modo que carecían de “guantes, mascarillas, ropa y calzado adecuados”.

De hecho, el fiscal considera probado que algunas víctimas llegaron incluso a trabajar descalzas.

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De acuerdo con el escrito de acusación, “solo se les permitía descansar un día a la semana y carecían de cualquier período vacacional”.

Además, “el dinero que percibían era muy inferior al legalmente estipulado y en caso de que algún día faltaran al trabajo -por enfermedad, accidente u otras causas-” se les descontaba “de la cantidad mensual”.