De Lara cuestionará la "legitimidad" del CGPJ en su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El abogado que representa a la jueza Pilar de Lara, el letrado Agustín Azparren, ha confirmado que la magistrada recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sanción que la apartó del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo por la “falta de legitimidad del Consejo General del Poder Judicial”.

“Es la última vía que nos queda”, precisó Azparren a Cope Lugo, después de que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo rechazasen los recursos formulados por la magistrada, instructora, entre otras causas, de procesos tan mediáticos como la Operación Pokemon, la Carioca o el caso Garañón.

El abogado precisó que, además de las cuestiones particulares del propio expediente de la juez Pilar de Lara, hay dos cuestiones de “carácter general” que propician elevar el recurso al Tribunal Europeo de Recursos Humanos.

Una de esas cuestiones “es la falta de legitimidad del Consejo General del Poder Judicial”, dado que “ya hubo alguna resolución europea”, porque “el hecho de que los vocales sean nombrados por el Parlamento está generando muchos problemas”.

“El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre ello en el 86”, recordó. En todo caso, aunque entonces avaló el proceso, también matizó que sería válido “siempre que no se aplicase un sistema de reparto de puestos, de cuotas políticas”.

En este momento, añadió, “nadie duda de que es lo que se ha venido haciendo estos años”, porque “no se ha disimulado” e incluso “se le da bastante publicidad a ese reparto”.

"UN SISTEMA EXTRAÑO"

Por otra parte, afirmó que también estamos “ante un sistema extraño”, porque “la comisión disciplinaria es la que impone la sanción, pero después se puede recurrir en alzada al pleno”, como órgano superior.

“Resulta que forman parte del pleno los mismos vocales de la comisión disciplinaria, lo cual resulta un poco absurdo. Los propios vocales que han dictado una resolución, luego la tienen que revisar. Esto no ocurre en ningún otro ámbito, ni administrativo ni judicial”, añadió.

Sobre esta cuestión, recordó, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene “una doctrina” desde hace “muchos años.

Además de esas dos cuestiones de “carácter general”, hay otros argumentos relacionados con el expediente particular de la juez De Lara, que tienen que ver con su propia “indefensión”, por la denegación “de algunas de las pruebas solicitadas”, concluyó.