El Constitucional sella la suerte de Marina Isla de Valdecañas

La sentencia del Tribunal Constitucional ha supuesto un punto de inflexión decisivo en el largo y enrevesado litigio judicial que durante 18 años ha envuelto al complejo turístico Marina Isla de Valdecañas. Al rechazar por unanimidad el recurso presentado por la Junta de Extremadura, el tribunal de garantías da vía libre judicial a la orden de demolición dictada previamente por el Tribunal Supremo. Esta resolución, que levanta la suspensión cautelar decretada en junio de 2023, no significa que las excavadoras vayan a actuar de inmediato, pero siembra de incertidumbre el futuro de las más de 180 viviendas y el hotel edificados en plena Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del embalse de Valdecañas, en Cáceres.

la denuncia

El origen del conflicto se remonta a 2006, cuando las asociaciones Adenex y Ecologistas en Acción denunciaron la construcción del macrocomplejo en un espacio natural protegido por la normativa europea. Lo que entonces parecía una batalla desigual de unos colectivos contra grandes intereses económicos y políticos ha derivado en una batalla legal épica que ha escalado por todos los peldaños de la judicatura española. La decisión del Supremo de demoler lo construido se basó precisamente en la flagrante ilegalidad de levantar such infraestructuras en un lugar protegido, revocando así un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, paradójicamente, había avalado su conservación.

Esa sentencia del TSJEx es la que había alimentado la esperanza de propietarios y administraciones locales. El tribunal extremeño argumentó la imposibilidad material de derribar unas edificaciones ya consolidadas y en pleno funcionamiento, un acto que calificó de desproporcionado. En su razonamiento, esgrimió el descomunal coste económico que supondría la demolición, estimado en 144,9 millones de euros entre obras e indemnizaciones. Fue este argumento de raigambre económica el que llevó a la Junta de Extremadura a recurrir al Constitucional, buscando un amparo que finalmente no ha encontrado.

los recursos

Sin embargo, el pulso judicial dista mucho de haber concluido. Las fuentes consultadas precisan que el recurso de la Junta es solo uno de los tres que pendían sobre la mesa del Constitucional. Aún están por resolverse los interpuestos por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se asienta la polémica isla, y, de manera crucial, el de las comunidades de propietarios. Este último recurso representa la última barrera procesal interna de peso, ya que entre los dueños de las viviendas se cuentan algunas de las mayores fortunas de España, con recursos legales y capacidad de presión notables. Su posible derrota en el Constitucional abriría la puerta a una apelación ante el Tribinal Superior de Justicia de la Unión Europea, lo que alargaría el proceso durante varios años más.

En el fondo, el caso de Marina Isla de Valdecañas trasciende el mero cumplimiento de una sentencia para convertirse en un símbolo nacional. Encarna el eterno conflicto entre dos visiones del territorio: la que prioriza el desarrollo económico y turístico, a menudo mediante grandes proyectos urbanísticos, y la que defiende la protección ambiental como un valor supremo e innegociable, especialmente en espacios amparados por la ley. La demolición ordenada supondría un precedente histórico en España, un mensaje contundente sobre la primacía de la legalidad ambiental por encima de los hechos consumados y los grandes intereses.

la isla en la actualidad

Mientras tanto, la isla artificial de 134,5 hectáreas permanece en una suerte de limbo legal. Sus piscinas, su campo de golf y sus lujosas viviendas siguen en pie, habitadas y operativas, bajo la sombra alargada de una orden de derribo que, aunque ahora más cerca que nunca, aún no tiene una fecha de ejecución. La paciencia de la justicia, que ha tardado casi dos décadas en pronunciarse con contundencia, se enfrenta ahora a la resistencia económica y a la última trinchera procesal. El final de esta historia aún está por escribir, pero el capítulo que acaba de cerrar el Tribunal Constitucional es, sin duda, el más definitivo hasta la fecha.