Los propietarios de Valdecañas esperan a la sentencia a su recurso contra la demolición para estudiar nuevas medidas

Los propietarios del complejo Marina Isla de Valdecañas respetan la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar los recursos de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la orden de demolición dictada por el Supremo, pero no la comparten, y avanzan que esperarán a la sentencia relativa a su propio recurso de amparo para decidir la adopción de nuevas medidas.

A través de un comunicado, indican que la resolución es "exclusivamente" relativa al recurso de amparo interpuesto por la Junta de Extremadura y que hasta la fecha no existe constancia o conocimiento sobre una resolución semejante en torno al recurso de amparo interpuesto por los propietarios de la Isla de Valdecañas.

Por tanto, y "solo cuando exista Sentencia relativa al recurso de amparo interpuesto por la Comunidad de Propietarios y esta fuese desestimatoria, se estudiará con detalle la posibilidad de interponer los recursos pertinentes".

No obstante, recuerdan que, con fecha 3 de abril de 2023, fue promulgada la Ley 2/2023 de 22 de marzo de la Asamblea de Extremadura que estableció en su Disposición Final Segunda que las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas quedaban "totalmente legalizadas".

 tres de cada cuatro habitantes de Extremadura creen que derribar Valdecañas "traería más daños que beneficios ambientales"  

Los propietarios reiteran que actuaron "de buena fe desde el primer momento" y que defenderán la pervivencia del complejo "hasta el final", pues, además, se sienten "plenamente respaldados" por el "apoyo mayoritario" de la sociedad extremeña, tal y como recoge una encuesta realizada por Metroscopia, según la cual 8 de cada 10 extremeños "consideran injusta esta situación" y apoyan la presentación de recursos a todas las instancias judiciales posibles.

La misma encuesta contempla que tres de cada cuatro habitantes de Extremadura creen que derribar Valdecañas "traería más daños que beneficios ambientales".

Para los propietarios, se trata de un "debate de fondo", porque lo que está en juego, afirman, es "la existencia de un modelo económico y ambiental sostenible para Extremadura y sus habitantes, en tanto que Isla Valdecañas "ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades y recursos para hacer frente a la despoblación". "Contribuye al progreso local y regional, dinamiza el territorio y promueve la creación de cientos de empleos y servicios en la zona", aseguran.

EL COMPLEJO NO DEBE SER DEMOLIDO

La Junta de Extremadura ha afirmado que el complejo Marina Isla de Valdecañas no debe ser demolido, teniendo en cuenta que la Ley 2/2023, aprobada por la Asamblea de Extremadura, por la que se regulan determinados aspectos de la Red Natura 2000 en la comunidad autónoma, otorgó una nueva cobertura a la realidad de dichos espacios.

No fue hasta el año 2023, aclara la Junta, con ocasión de la aprobación de esta Ley, cuando se cumplió con el procedimiento de declaración y, por tanto, "es desde ese momento desde el que debe tenerse en cuenta la declaración de ZEPA".

En este sentido, la Junta ha insistido en que la ley aprobada por la Asamblea de Extremadura, expresamente, da cobertura a la realidad de dichos espacios y, en consecuencia, permite abordar "con rigor jurídico la situación del Proyecto de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas".

Para el Ejecutivo regional, esta ley autonómica deberá ser tenida en cuenta en todo caso por los tribunales de justicia que están adoptando decisiones sobre la continuidad del complejo Isla Valdecañas.