La odisea de una familia de Cáceres atrapada por un 'inkiokupa': "Nos está robando 1.000 euros al mes"

El problema de los inkiokupas afecta a numerosos propietarios en España, y la ciudad de Cáceres no es una excepción. Así lo ha denunciado Luis Alberto Casados, un vecino cuya familia se encuentra en una situación desesperada. El piso, propiedad de su madre, fue alquilado en junio del año pasado a un inquilino que, desde el pasado mes de abril, ha dejado de pagar la renta y no tiene intención de marcharse.

Un presunto estafador profesional

El inquilino, según relata Luis Alberto, se presentó en la inmobiliaria como un hostelero solvente y con "muy buena pinta", lo que convenció a la familia. Sin embargo, con el tiempo descubrieron que se trataba de un "estafador profesional" que acumula deudas por toda la ciudad. A pesar de no pagar el alquiler, el gas o el agua, sí abona la factura de la luz justo cuando van a cortársela, lo que demuestra que tiene liquidez para afrontar los pagos.

Es un jeta y un estafador profesional"

Luis Alberto Casado

Afectado por inkiocupación

La familia ha intentado resolver la situación de forma amistosa, ofreciéndole al inquilino perdonar la deuda si abandonaba la vivienda. La respuesta ha sido el silencio. "Le hemos tenido que mandar cuatro burofaxes hasta que hemos conseguido que lo aceptara, donde le ofrecíamos marcharse sin nada de deuda, pero nada, ni contestar", lamenta el propietario.

Un laberinto legal y económico

La deuda acumulada asciende ya a más de 6.000 euros, y la familia estima que, debido a la lentitud de la justicia, la cifra podría superar los "11.000 o 12.000 euros" cuando finalmente recuperen el piso. Este calvario no solo es económico, sino también psicológico, especialmente para la madre de Luis Alberto, una persona mayor que invirtió "el sudor de toda su vida" en la vivienda para complementar su jubilación.

Me juego hasta tres años de cárcel si intento sacarlo por métodos más expeditivos"

Luis Alberto Casado

Afectado por inkiocupación

Luis Alberto expresa una profunda impotencia ante un sistema que le deja "atado de pies y manos".  "Si intento entrar en la casa, ya estoy allanando la morada", y si emplea otros métodos se arriesga a una condena de "hasta tres años de cárcel por coacciones y amenazas".

El proceso judicial, además, es lento y complejo. La familia lleva más de un mes esperando que el secretario judicial admita a trámite la demanda para iniciar un proceso de desahucio que podría durar unos seis meses. "Lo que sí es seguro que falla es la lentitud de la justicia y los engorrosos trámites que hay que hacer", denuncia Luis Alberto, quien cree que estos individuos "saben muy bien a quién estafan, buscan gente que seamos buenas personas".