Así operaba la red de trata de mujeres en Cáceres: deudas de hasta 3.000 euros y vigilancia 24 horas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres a dos personas por siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La sentencia confirma la pena de seis años de prisión por cada delito, con un límite máximo de 18 años de cumplimiento.

Además, la condena incluye la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas durante 10 años, una medida de libertad vigilada de 5 años tras la pena de prisión, y el pago de indemnizaciones que oscilan entre los 3.000 y los 8.000 euros para cada una de las afectadas.

Captadas en Colombia con falsas promesas

La sentencia considera probado que los condenados captaban en Colombia a mujeres jóvenes en situación de extrema necesidad económica, a las que prometían obtener importantes ingresos en España. Según el fallo, actuaron "con la finalidad de obtener beneficios económicos con la prostitución ejercida por mujeres en situación de necesidad".

Para ello, los acusados financiaban los billetes de avión, les entregaban dinero para simular solvencia en la frontera y les daban instrucciones precisas para evitar los controles policiales. Una vez en España, las mujeres se veían obligadas a devolver esas cantidades de forma inmediata.

Vigilancia y condiciones abusivas

A su llegada, las víctimas eran trasladadas a un piso controlado por los acusados donde se les realizaban fotografías para anuncios de servicios sexuales y se les imponían condiciones laborales abusivas. El fallo recoge que debían estar disponibles "al menos, seis días a la semana durante las veinticuatro horas", y los condenados se quedaban con el 40% de cada servicio que realizaban.

Además de las condiciones de explotación, las mujeres asumían una deuda inflada que ascendía a entre 2.000 y 3.000 euros, la cual incluía los billetes, gastos y supuestas gestiones. Su control era total, ya que estaban sometidas a vigilancia constante mediante cámaras y teléfonos móviles con geolocalización a los que los acusados tenían acceso remoto.

La sentencia del TSJ de Extremadura no es firme. Contra la misma cabe un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.