Vara, el Consejo de Gobierno y los altos cargos se suben el sueldo un 2,5 por ciento

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde este viernes, día 20, al acuerdo por el que se aprueba el incremento general del 2,5 por ciento en las retribuciones para los trabajadores públicos de la Administración regional para 2023, y que será efectiva desde este mes de enero.

Esta subida ya había sido aprobada en Mesa General de Negociación el pasado mes de diciembre y faltaba su ratificación en Consejo de Gobierno autonómico, lo que ha ocurrido este viernes, según ha explicado en rueda de prensa en Mérida tras la reunión del Ejecutivo regional el portavoz de la Junta, Juan Antonio González.

Según ha añadido, además de este incremento que se va a producir a partir del mes de enero, el acuerdo también incluía la posibilidad de un 1 por ciento adicional de subida en el sueldo sujeto a la evolución del Índice de Precios del Consumo Armonizado que se revisará en el mes de septiembre.

El acuerdo establece que, con efectos de 1 de enero de 2023, las retribuciones íntegras del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos experimentarán un incremento general del 2,5 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022.

Asimismo, experimentarán idéntica variación las retribuciones del presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, el resto de miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y asimilados de la Junta, así como del presidente del Consejo de la Juventud y el director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, según ha informado el Ejecutivo autonómico en su reseña informativa tras la comparecencia de Juan Antonio González en rueda de prensa.

NUEVA LEY DE COOPERACIÓN

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, que será remitido a la Asamblea de Extremadura para su tramitación y aprobación antes de que acabe la legislatura.

Una nueva ley que derogará a la actual, de 2003, con una "mirada feminista del mundo", y que se alinea con los objetivos de la Agenda 2030, y que por tanto compromete a la Administración autonómica a incrementar el presupuesto anual destinado a la cooperación internacional hasta el 0,7% del PIB regional.

Una cifra que actualmente, ha reconocido la consejera de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, se está "lejos" de lograr, pues se sitúa en el 0,26% del PIB, a pesar de haberse incrementado las partidas a este capítulo un 40%, ha dicho, desde que Guillermo Fernández Vara volviera a la Junta en 2015.

Cifra, no obstante, que sitúa a la comunidad extremeña como la tercera de todo el país con mayor inversión destinada a la cooperación internacional en comparación con su PIB, ha destacado Gil Rosiña, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde al citado proyecto de ley, que será remitido al parlamento regional para su tramitación.

Además del compromiso de incrementar la inversión, la nueva norma refuerza la gobernanza del sistema de cooperación, mejora la transparencia y favorece la rendición de cuentas, además de dignificar el trabajo y las carreras profesionales de las personas cooperantes.

Un cambio normativo coordinado en el tiempo y en las respuestas con el Anteproyecto de Ley del Gobierno de España en esta materia, en un proceso en el que la Administración extremeña ha participado por medio de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID), que dirige Ángel Calle Suárez.

Un nuevo marco normativo "ampliado y mejorado" destinado a las más de 200 ONG de Desarrollo que actualmente están reconocidas en el Registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con proyectos y presencia en más de 20 países de todo el mundo, así como todas las instituciones públicas que realicen acciones de cooperación y solidaridad internacional.

Una nueva ley que derogará la actual en el 20 aniversario de su aprobación, y que también coincide en el tiempo con el 40 aniversario de la autonomía extremeña, y que es por tanto un "fiel reflejo" del camino emprendido por el pueblo extremeño en este periodo autonómico en materia de solidaridad.

RECONOCIMIENTO A LOS COOPERANTES

De estos 20 años de recorrido de la actual ley ha destacado, como principal hito, la creación de la Aexcid en 2008, que ha permitido "cristalizar" las políticas publicas de cooperación, impulsando "toda una generación de cooperantes y voluntarios", que ven en esta ley reconocido todo su trabajo, ha señalado Gil Rosiña.

Entre los principios que recorren la nueva norma ha destacado la renovación de la gobernanza compartida de las políticas públicas de cooperación, así como una mejora en la arquitectura institucional, introduciendo perfiles funcionariales específicos en esta materia, así como subraya el papel de la educación y la formación, especialmente entre la juventud.

En este punto, la consejera ha subrayado la importancia de que las nuevas generaciones tengan conciencia del "debe" que tienen con otras partes del mundo.

La ley también viene a dar "seguridad", así como a "cuidar" y a dar el reconocimiento que merecen los cooperantes extremeños. "Era una necesidad jurídica para estas personas que deciden ir a otros países a hacer un mundo mejor".

Una ley que supondrá, por tanto, un "broche" a una legislatura que ha visto alterada su agenda legislativa por la pandemia, pero que, según Gil Rosiña, el propio presidente extremeño ha querido que, a pesar de que otras han quedado en el tintero, esta en concreto saliera adelante antes de su finalización en las "pocas semanas" de actividad parlamentaria que quedan por delante antes de la convocatoria de nuevas elecciones.