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¿Qué es la operación Azud por la que han detenido al subdelegado del Gobierno en Valencia?

Rafa Rubio

Ana Matamales/EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:00

Las detenciones que ha llevado a cabo la Guardia civil se enmarcan en la denominada causa Azud en la que se investiga na posible trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras de suelo público, y que ya estalló en 2019 con la detención del cuñado de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Según los investigadores el que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, habría cobrado más de un millón de euros en comisiones, mientras que Rafael Rubio, actual subdelegado del Gobierno y en el momento de los hechos que se investigan, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, habría recibido algo menos de la mitad.

El empresario detenido era propietario de la mercantil Construcción Valencia Constitución, matriz de todo el entramado que servia a la trama para facturar los distintos proyectos vinculados a obras en la ciudad.

Además de Rafael Rubio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de València entre 1996 y 2011, han sido detenidos la hija de Grau y se prevén, al menos, otras 15 detenciones en el marco de una operación que se espera "larga y complicada", han indicado las mismas fuentes.

La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, y tiene su origen en el conocido como caso Azud, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de València durante la etapa de gobierno de Rita Barberá.

En esta causa el principal investigado es el cuñado de la exalcaldesa de València, José María Corbín, quien ya fue detenido en abril de 2019 y a quien la UCO atribuye un papel de mediador y comisionista, si bien también figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se seguía inicialmente contra otros diez investigados -esta cifra podría duplicarse tras la operación de este jueves-, entre ellos empresarios de la construcción ya procesados y condenados en otros asuntos de corrupción.

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